El gobierno cobrará un impuesto de 30% a todas las compras de dólares «para atesoramiento» que se hagan dentro del país -incluidos los US$ 200 mensuales que permite el cupo vigente hoy- y no solo a las operaciones en el exterior o de «dólar turista».
La decisión forma parte de la ley omnibus conocida como «Ley de solidaridad social y reactivación productiva» que enviará este martes el Poder Ejecutivo al Congreso.
Hasta ahora, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había dicho que el impuesto de 30% gravaría solo a los gastos en el exterior («dólar turista»), y también a las compras de servicios por internet, como los servicios de streaming de Netflix o Spotify, pero el proyecto de ley indica que ese gravamen será mucho más amplio.
El proyecto indica que el impuesto de 30% se aplicará por cinco años e incluye la adquisición dentro del territorio nacional de dólares y cualquier otra moneda extranjera -inclusive los cheques de viajero- «para atesoramiento». Eso incluye los US$ 200 mensuales que se pueden comprar por persona según el cupo que rige hoy.
En la ley también figura que estarán alcanzadas por el impuesto, como ya se había anticipado, los dólares que se usan para adquirir bienes y servicios efectuadas en el exterior que se hayan hecho con tarjetas de débito o crédito o cualquier otro medio de pago.
Los únicos gastos que quedarán exceptuados de ese impuesto serán los referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato -incluso los digitales- y la utilización de plataformas educativas. También estarán exceptuados los gastos asociados a proyectos de investigación de investigadores que trabajen dentro del país. En estos casos, el impuesto se pagará primero y luego la AFIP deberá acreditar el monto del impuesto en la cuenta del beneficiado.
El impuesto a la compra de dólares se pagará en el momento de la compra y deberá figurar aparte en el recibo de la operación.
Según el proyecto de ley, el 70% de la recaudación por este impuesto, llamado «Impuesto Para Una Argentina Solidaria (PAIS)» se destinará a financiar al ANSES y el otro 30% para financiar obras de infraestructura y vivienda social y fomentar el desarrollo del turismo local.
Esta mañana el ministro Martín Guzmán anunció los detalles del proyecto Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. Incluye cambios en Bienes Personales, Pymes, deuda y dólares para atesoramiento, como adelantó Infobae.
En su carta al Congreso y luego de detallar la herencia recibida por el macrismo, destaca “un escenario de depresión de la economía nacional que ha provocado un aumento significativo de la vulnerabilidad económica y social en vastos sectores de la población y un alejamiento de la aspiración colectiva de emprender el camino del desarrollo con justicia social”.
“La atención de estas realidades constituye un imperativo ético. Desterrar el hambre en la Argentina, reducir la desigualdad y volver a crecer, son el nuevo imperativo ético de nuestra época y la base para edificar una democracia sólida y sostenible en nuestro país que coadyuve también a recorrer un camino de fortalecimiento institucional y democrático en la región”, detalló el ministro.
En el mensaje, se afirmó que “es una tarea indelegable de un Estado democrático garantizar las libertades constitucionales y, al mismo tiempo, promover la igualdad. En atención a estos objetivos se hace necesario iniciar el camino de la reactivación productiva y para hacerlo debemos atender a una ética de la solidaridad como principio rector de las políticas públicas”.
En este sentido, se subraya la “herencia” del gobierno de Mauricio Macri, con una caída acumulada del 5% en el PBI, del 8% en el PBI per capita, una suba del dólar del 500%, un aumento de la pobreza al 35% y del desempleo al 10,6%.
El proyecto aclara que la recuperación “no puede llevarse a cabo sin atender a la sostenibilidad fiscal. Por este motivo, en el presente proyecto se proponen una serie de modificaciones tributarias y la creación de nuevos impuestos orientados a garantizar un sendero fiscal sostenible que permitan mejorar la progresividad y la equidad, que incentiven el ahorro nacional y estimulen la producción”. Esto es, con suba de impuestos y congelamiento de la actualización de las jubilaciones.
La otra clave es que se llenará de títulos públicos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. “En el mismo orden de ideas, resulta procedente señalar que al asumir sus funciones esta administración, los límites contemplados por el ordenamiento vigente para la adquisición de títulos públicos por parte del FGS se encontraban ampliamente superados, con lo que resulta imperioso adoptar las acciones necesarias tendientes a regularizar progresivamente tal circunstancia, en la medida en que el conjunto de decisiones a adoptar permita sortear la situación de emergencia”, explicó.
