Las audiencias se realizarán el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo. Argentina busca frenar la explotación del yacimiento Sea Lion mientras avanza el arbitraje internacional por las actividades petroleras en el Atlántico Sur.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), con sede en Hamburgo, Alemania, fijó para el 10 y 11 de noviembre de 2026 las audiencias orales en las que analizará el pedido de medidas provisionales presentado por Argentina contra el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas.
La solicitud, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, busca impedir el avance del proyecto Sea Lion, ubicado en la cuenca norte del archipiélago, mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá tratar el fondo de la controversia.
La decisión fue formalizada mediante una orden firmada por el presidente del organismo, el juez Maurice Kamga. Según informó el tribunal, las audiencias serán públicas y se transmitirán en vivo a través de su sitio web.
Durante las presentaciones, los jueces deberán evaluar si existen fundamentos jurídicos para intervenir de manera provisional, si la urgencia de la situación justifica la adopción de medidas y si los pedidos argentinos resultan procedentes.
Argentina solicitó que se ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuidad de las actividades de explotación petrolera en la zona. También pidió que se abstenga de utilizar información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que permita el cumplimiento de las obligaciones ambientales y que no otorgue nuevas autorizaciones capaces de agravar la disputa.
Una eventual decisión favorable a la Argentina sería obligatoria para las partes. Una vez constituido el tribunal arbitral, este podrá mantener, modificar o dejar sin efecto las medidas provisionales.
Cómo comenzó la presentación argentina
El reclamo se formalizó después de que el Gobierno argentino iniciara, el 28 de septiembre, el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Tras notificar al Reino Unido, la administración de Milei advirtió que acudiría al Tribunal del Mar si no se detenía la explotación. Como no hubo cambios en la posición británica, el canciller Pablo Quirno presentó el pedido de medidas provisionales el 13 de octubre, invocando el artículo 290 de la Convemar.
El planteo se tramita mientras las autoridades argentinas cuestionan las licencias y las actividades hidrocarburíferas impulsadas unilateralmente en el área de las islas, cuya soberanía permanece en disputa.
El proyecto Sea Lion y sus riesgos ambientales
El yacimiento Sea Lion se encuentra a unos 198 kilómetros al norte de las Malvinas, en un área de aproximadamente 541 kilómetros cuadrados. El proyecto está encabezado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de la participación, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.
Las compañías adoptaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y proyectaron el comienzo de la producción para el primer trimestre de 2028. De acuerdo con los cronogramas citados en la presentación argentina, la primera fase de perforación podría comenzar a principios de 2027.
El desarrollo integral contempla 23 pozos distribuidos en seis centros de producción, instalaciones submarinas y un buque destinado a la producción, el almacenamiento y la descarga de petróleo.
Uno de los principales argumentos argentinos se centra en los posibles daños ambientales. La presentación sostiene que un derrame podría extenderse hacia aguas argentinas y cita documentos de contingencia elaborados para actividades petroleras en la zona.
Entre esos antecedentes figura un plan que contempla la posibilidad de que el petróleo alcance aguas argentinas en determinadas condiciones meteorológicas y según el tipo de crudo. Para el escenario de un petróleo más liviano, el documento citado estima que existe una probabilidad del 100% de que el derrame cruce el límite marítimo internacional después de 14 días.
Argentina también cuestionó la experiencia de las empresas operadoras en la explotación de yacimientos costa afuera y advirtió sobre los riesgos de avanzar con el proyecto sin resolver previamente la controversia.
La estrategia jurídica de Argentina
El Gobierno argentino busca sostener su presentación en las obligaciones de protección del medio marino previstas por el derecho internacional, sin que el Tribunal del Mar tenga que pronunciarse directamente sobre la soberanía de las islas.
La estrategia apunta a argumentar que las obligaciones ambientales se aplican independientemente de quién ejerza jurisdicción sobre el territorio y que la explotación unilateral podría impedir que Argentina cumpla con sus responsabilidades de protección del ecosistema marino.
El escrito también incorpora las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas, entre ellas la 2065 de 1965, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a ambos países a negociar, y la 31/49 de 1976, que llama a evitar medidas unilaterales que introduzcan modificaciones en la situación mientras continúan las negociaciones.
Otro punto señalado por la presentación es la extensión, en septiembre de 2026, de varias licencias de producción de hidrocarburos por parte de las autoridades de las islas. Para Argentina, esas decisiones refuerzan la necesidad de impedir que la situación se consolide antes de que se resuelva el conflicto.
La postura del Reino Unido
El Gobierno británico confirmó que participará del procedimiento, aunque sostiene que las actividades petroleras cuentan con autorización de las autoridades de las islas y que el inicio del arbitraje no invalida esas licencias.
La ministra británica de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, afirmó ante la Cámara de los Comunes que la notificación argentina no constituye una sentencia internacional ni obliga por sí misma a detener las actividades hidrocarburíferas.
Sin embargo, el Reino Unido también sostuvo que las medidas provisionales dictadas por el Tribunal del Mar son vinculantes para las partes y aseguró que cumple con sus obligaciones internacionales.
En paralelo, Londres anunció la activación de mecanismos legales destinados a proteger los intereses comerciales británicos frente a posibles medidas argentinas que afecten a empresas o personas del Reino Unido.
El Gobierno británico advirtió que podría adoptar nuevas medidas si considera que se obstaculizan actividades comerciales que reconoce como legítimas.
Antecedentes y próximos pasos
El Tribunal del Mar ya intervino en otros conflictos vinculados con actividades marítimas y recursos naturales. En 2015, durante la controversia entre Ghana y Costa de Marfil por la delimitación de sus fronteras marítimas, ordenó medidas provisionales que restringieron nuevas perforaciones petroleras en el área disputada, aunque permitió que continuaran determinadas operaciones existentes.
Ese antecedente es observado por la Argentina, aunque existen diferencias jurídicas entre ambos casos: el litigio africano estaba relacionado con la delimitación marítima, mientras que el reclamo argentino se vincula con la disputa de soberanía sobre las Malvinas y el proceso de descolonización.
Las audiencias del 10 y 11 de noviembre serán el próximo paso de un procedimiento que podría tener consecuencias sobre el desarrollo de Sea Lion. El Tribunal deberá determinar si corresponde adoptar medidas urgentes mientras continúa el arbitraje, en un conflicto que combina intereses económicos, protección ambiental y la histórica disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.
