La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado, asociación delictuosa y otros delitos vinculados a los bloqueos de rutas que mantuvieron paralizado al país durante 53 días y provocaron una profunda crisis económica y social.
La resolución, firmada por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, instruye a la Policía boliviana a detener y trasladar a Morales a una unidad especializada, en el marco de una investigación impulsada tras denuncias presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.
Según la causa judicial, el exmandatario enfrenta cargos por alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Los hechos investigados se remontan a los bloqueos realizados entre mayo y junio, cuando organizaciones campesinas, sindicales y sectores afines a Morales instalaron más de un centenar de cortes de ruta en distintos puntos del país, especialmente en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo y de distintas organizaciones cívicas y sociales, las protestas dejaron un saldo de al menos 22 personas fallecidas y 88 heridas. Además, provocaron un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, mientras que las pérdidas económicas fueron estimadas en más de 3.000 millones de dólares.
Tras conocerse la orden de detención, Morales rechazó las acusaciones y sostuvo que se trata de una persecución política. En un mensaje publicado en la red social X, afirmó que el Gobierno intenta responsabilizarlo de las protestas para desviar la atención de la crisis económica que atraviesa Bolivia.
La orden de aprehensión también alcanza al dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y al líder campesino Vicente Salazar, quien permanece detenido preventivamente desde comienzos de julio, señalado como uno de los organizadores de los bloqueos.
Actualmente, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político, donde continúa resguardado por sus seguidores mientras avanzan las investigaciones. Paralelamente, enfrenta otra causa judicial por presunta trata agravada de personas, por la que ya pesa una orden de captura emitida por un tribunal de Tarija.
