El Gobierno argentino pidió frenar el proyecto Sea Lion, cuya explotación podría comenzar en 2027, al considerar que la extracción unilateral de hidrocarburos en una zona bajo disputa de soberanía viola las normas internacionales.
Londres rechazó la competencia del tribunal y defendió el derecho de los isleños a explotar los recursos naturales.
La delegación de Argentina durante la sesión en el Tribunal Internacional del Mar.
La disputa por la explotación petrolera en las Islas Malvinas sumó este martes un nuevo capítulo en el escenario internacional. Argentina y el Reino Unido expusieron sus posiciones ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, durante la primera audiencia por el pedido argentino de medidas provisionales para impedir el avance del proyecto petrolero Sea Lion.
La presentación argentina sostiene que la explotación unilateral de hidrocarburos en un área cuya soberanía permanece en disputa constituye una violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El Reino Unido, por su parte, rechazó la intervención del tribunal y defendió la continuidad del emprendimiento, al argumentar que los habitantes de las islas tienen derecho a disponer de sus recursos naturales.
La delegación británica en el Tribunal del Mar
La delegación nacional estuvo encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, quien aclaró ante los 21 integrantes del tribunal que Argentina no pretende que ese organismo resuelva la cuestión de soberanía, sino que intervenga para evitar la explotación de recursos mientras se sustancia la controversia jurídica de fondo.
Oyarzábal fundamentó el reclamo en dos resoluciones de las Naciones Unidas. La primera, la 2065 de 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países. La segunda, la 31/49 de 1976, instó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuaran las negociaciones.
En ese contexto, el representante argentino sostuvo que el desarrollo petrolero proyectado por el Reino Unido contradice el espíritu de esas disposiciones y remarcó que los recursos de la plataforma continental no pueden ser explotados unilateralmente mientras persista la controversia.
Uno de los momentos más contundentes de la exposición llegó cuando Oyarzábal cuestionó el argumento británico sobre la autodeterminación de los isleños. «Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa», afirmó.
El diplomático distinguió entre el reconocimiento de los intereses y derechos humanos de los habitantes del archipiélago y la cuestión de soberanía. Según la posición argentina, los residentes de las islas no tienen facultades para decidir a qué Estado pertenece el territorio, una controversia que debe resolverse entre los gobiernos de Argentina y el Reino Unido, conforme a las resoluciones de la Asamblea General de la ONU.
El riesgo ambiental y la irreversibilidad de la explotación
Otro de los ejes centrales del planteo argentino estuvo relacionado con las consecuencias ambientales que podría generar la explotación petrolera. Oyarzábal recordó un antecedente ocurrido en abril de 2015, cuando falló un sistema preventor de reventones en un pozo exploratorio ubicado a unos 30 kilómetros al sur del yacimiento.
También mencionó que el plan de contingencia de una de las empresas involucradas estimaba en un 30% la probabilidad de que el petróleo proveniente de un eventual reventón en Sea Lion alcanzara aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días.
El representante argentino advirtió que un derrame podría afectar directamente al país y generar consecuencias ambientales que serían difíciles de revertir. En esa línea, sostuvo que la extracción de hidrocarburos representa un hecho irreversible, porque se trata de recursos no renovables que, una vez retirados del subsuelo marino, no pueden recuperarse.
Argentina también solicitó que el Reino Unido impida el inicio o la continuidad de las operaciones de Sea Lion, se abstenga de conceder nuevos permisos en el área, preserve toda la información obtenida durante las tareas de exploración y adopte medidas para proteger el medio marino.
El proyecto tiene previsto avanzar hacia la perforación de nuevos pozos con la plataforma semisumergible Noble Endeavour. La fecha de inicio de esas tareas fue uno de los puntos de discusión durante la audiencia.
La respuesta británica: autodeterminación y pérdidas económicas
La fiscal general británica, Ellie Reeves, encabezó la exposición del Reino Unido y rechazó los argumentos argentinos. Sostuvo que las medidas provisionales solicitadas tendrían «consecuencias devastadoras» para la economía de las islas, al impedir que sus habitantes exploten los recursos naturales de su territorio.
Reeves argumentó que la suspensión del proyecto podría representar la pérdida de miles de millones de libras en ingresos considerados esenciales para el desarrollo económico del archipiélago. También cuestionó la presentación argentina y afirmó que Londres rechaza categóricamente el reclamo de soberanía de Buenos Aires.
La funcionaria defendió el principio de autodeterminación y recordó el referéndum realizado en 2013, cuando el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de mantener el estatus británico de las islas, con una participación del 92%.
Además, cuestionó la posición argentina en materia ambiental y recordó que el país autorizó y realizó más de 400 perforaciones en su propia plataforma marítima. Según Reeves, si la preocupación ambiental fuera el motivo principal del reclamo, Argentina podría haber participado en las consultas sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto, realizadas en 2024.
El Reino Unido también puso en duda la urgencia de la intervención judicial. Sus representantes señalaron que las perforaciones no comenzarían antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción de petróleo no se iniciaría antes de marzo de 2028. Por ese motivo, consideraron que existe tiempo suficiente para que se constituya el tribunal arbitral encargado de resolver la controversia de fondo.
El procedimiento internacional y los posibles escenarios
La discusión en Hamburgo tiene una particularidad jurídica. Argentina eligió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar como ámbito para plantear su reclamo, mientras que el Reino Unido optó por la Corte Internacional de Justicia. Debido a que ambos países no coincidieron en la elección del mecanismo de resolución, la controversia principal deberá tramitarse mediante un arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convemar.
En consecuencia, el Tribunal del Mar tiene competencia para analizar la adopción de medidas provisionales mientras se constituye ese tribunal arbitral, pero no para resolver la cuestión definitiva de soberanía.
El Gobierno argentino contempla tres posibles resultados. El primero sería que el organismo acepte íntegramente el pedido y ordene suspender las actividades vinculadas con Sea Lion. Un segundo escenario contempla una resolución parcial que dé lugar a algunos de los planteos nacionales. La tercera posibilidad sería el rechazo de la solicitud.
La delegación argentina estuvo integrada también por funcionarios de la Cancillería, la Presidencia, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro, además de especialistas en derecho internacional. Entre ellos se destacó Marcelo Kohen, quien tuvo participación en la exposición jurídica y cuenta con antecedentes de actuación ante el mismo tribunal en el caso de la fragata ARA Libertad, en 2012.
Las audiencias continuarán este miércoles, mientras que la resolución sobre las medidas provisionales se espera alrededor del viernes 13 de noviembre, aunque el tribunal podría postergar su decisión hasta la semana siguiente.
El resultado será determinante para establecer si el proyecto petrolero puede continuar avanzando mientras se tramita la controversia internacional o si deberá quedar temporalmente suspendido. Entretanto, la disputa por los recursos hidrocarburíferos vuelve a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda diplomática entre ambos países.
