El buque chileno Danstar comenzaría a operar entre Punta Arenas y las islas a fines de noviembre o principios de diciembre.
La conexión busca reducir los costos de abastecimiento, pero genera preocupación por su posible relación con el proyecto petrolero Sea Lion y motivó iniciativas diplomáticas y legislativas argentinas.
El buque Danstar, un carguero de bandera chilena con capacidad para transportar 1.389 toneladas, se prepara para iniciar una ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. La operación, impulsada por la naviera Easter Island mediante un contrato con la Falkland Islands Development Corporation, podría comenzar a fines de noviembre o principios de diciembre y abrió un nuevo foco de tensión entre Argentina y Chile.
La embarcación navegará por el estrecho de Magallanes, en un trayecto de aproximadamente 900 kilómetros que demandaría dos días y medio. La nueva conexión reduciría a menos de la mitad la distancia del abastecimiento marítimo que actualmente llega desde Montevideo, Uruguay, y permitiría transportar alimentos frescos, lácteos, madera, cemento, gas licuado, materiales de construcción, ganado en pie y maquinaria pesada, entre otros productos.
El gerente comercial de la compañía, Luis Cisternas Ávila, sostuvo que se trata de una operación entre empresas privadas. Esa postura también fue utilizada por representantes políticos chilenos para defender la iniciativa ante las posibles objeciones argentinas.
Las islas tienen una población residente estimada en 3.400 personas, a la que se suman efectivos militares británicos y contratistas civiles vinculados a la base de Mount Pleasant. Debido a su limitada producción local, dependen de servicios marítimos desde Montevideo, conexiones regulares con Londres y un vuelo semanal de LATAM desde Punta Arenas.
El alcalde de la ciudad chilena, Claudio Radonich, estimó que el intercambio comercial podría superar los 20 millones de dólares anuales. La iniciativa busca captar parte del abastecimiento que actualmente se canaliza desde Uruguay y consolidar a Punta Arenas como un centro de provisión para las islas.
Durante las rondas comerciales realizadas en la región de Magallanes en septiembre, representantes británicos señalaron la necesidad de contar con productos de disponibilidad inmediata, como alimentos perecederos, materiales de construcción, alimento para animales, ganado, maquinaria pesada y vinos chilenos.
La empresa Easter Island difundió tarifas para el transporte de mercancías. La carga general y los materiales de construcción partirían de 183 dólares por metro cúbico; la carga congelada, de 193 dólares, y la maquinaria, de 234 dólares. El alquiler de un contenedor seco de 20 pies fue fijado en 812 dólares, mientras que uno refrigerado del mismo tamaño costaría 1.523 dólares.
La preocupación por el proyecto petrolero Sea Lion
Uno de los principales puntos de controversia es la posibilidad de que la nueva ruta también pueda contribuir al abastecimiento del proyecto petrolero Sea Lion, que prevé la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las Malvinas. Sin embargo, la información disponible no confirma que el Danstar tenga un contrato específico para transportar insumos destinados a esa iniciativa.
El Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata envió una carta documento al canciller argentino, Pablo Quirno, para solicitar que se apliquen las competencias previstas en la Ley 26.659. Esa norma establece sanciones para quienes desarrollen o presten servicios comerciales, financieros, logísticos o técnicos vinculados con actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Argentina en su plataforma continental.
La preocupación se produce en un contexto de avance de los planes petroleros británicos en la zona. La administración de las islas anunció la extensión de las licencias de producción de hidrocarburos offshore, con respaldo del Reino Unido. La responsable de Recursos Minerales de esa administración, Cheryl Roberts, defendió el desarrollo de esos recursos como parte de los intereses económicos isleños.
En el Congreso argentino también se impulsaron iniciativas para responder a la nueva conexión comercial. El diputado Guillermo Michel, de Unión por la Patria, presentó un proyecto para denunciar el Tratado de Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio de Doble Imposición Fiscal vigentes con Chile.
En paralelo, el ex canciller Santiago Cafiero, junto con Nicolás Trotta y otros integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, promovió un proyecto de resolución para convocar al embajador chileno, Gonzalo Uriarte Herrera. El objetivo es conocer los alcances de la ruta y determinar si podría utilizarse como soporte logístico para el proyecto Sea Lion.
En Tierra del Fuego, la legisladora María Victoria Vuoto impulsó una declaración de rechazo que solicita al Poder Ejecutivo Nacional realizar gestiones diplomáticas ante Chile y presentar un informe sobre el itinerario, las cargas y las autorizaciones correspondientes.
La posición del Gobierno argentino
La respuesta diplomática se desarrolla en un escenario de estrecha relación entre los gobiernos de Javier Milei y el presidente chileno José Antonio Kast. El canciller Quirno reconoció los límites legales que enfrenta Argentina para impedir la navegación del carguero.
En una entrevista televisiva, el funcionario señaló que el país no puede impedir el paso inocente de un buque, en referencia al Danstar. No obstante, durante una cena organizada por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, advirtió que quienes contribuyan directa o indirectamente a la exploración o explotación ilegítima de recursos argentinos difícilmente podrán aspirar a compartir los beneficios del crecimiento del país.
Por su parte, los ex cancilleres chilenos Alfredo Moreno Charme y Alberto van Klaveren llamaron a actuar con prudencia y sostuvieron que la relación bilateral es demasiado importante para quedar condicionada por declaraciones o interpretaciones que agraven las diferencias.
El marco jurídico internacional también forma parte de la discusión. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ratificada por Argentina mediante la Ley 24.543, contempla el derecho de paso inocente por el mar territorial. A su vez, el Tratado de Paz y Amistad firmado entre Argentina y Chile en 1984 establece garantías para la navegación de buques de todas las banderas hacia y desde el estrecho de Magallanes.
En paralelo, Argentina presentó el 13 de octubre una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte. Las audiencias fueron fijadas para el 10 y 11 de noviembre.
Tierra del Fuego prepara una iniciativa para regular las operaciones marítimas
El Gobierno de Tierra del Fuego trabaja en un proyecto de ley para regular las operaciones marítimas dentro de las doce millas del departamento Islas del Atlántico Sur. La propuesta contempla un régimen de sanciones para las empresas que operen sin autorización provincial y podría impedir que las compañías alcanzadas actúen en otras jurisdicciones del país.
El secretario provincial de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, explicó que la iniciativa busca establecer herramientas normativas específicas para el territorio insular, un área que, según indicó, no había sido abordada hasta ahora mediante una regulación provincial de estas características.
El proyecto prevé identificar a las empresas que operen en la zona, aplicar sanciones y evaluar restricciones para sus actividades en el resto del país. Las disposiciones no distinguirían por bandera, por lo que podrían alcanzar a embarcaciones provenientes de Chile, Uruguay u otros destinos.
Ante la posibilidad de que el Danstar realice su primer viaje en aproximadamente un mes, Dachary afirmó que la prioridad no es acelerar la aprobación de la norma por esa operación puntual, sino elaborar un instrumento que resulte eficaz y cuente con el análisis y el debate necesarios.
El funcionario también cuestionó la decisión de sectores chilenos de respaldar el reclamo argentino de soberanía sobre las Malvinas mientras desarrollan acuerdos comerciales con las autoridades isleñas. A su entender, ambas posiciones plantean una contradicción diplomática.
Respecto de la defensa de la iniciativa como un negocio entre privados, Dachary sostuvo que la participación pública en las actividades comerciales obliga a analizar el asunto desde una perspectiva más amplia.
El funcionario comparó, finalmente, la dimensión del intercambio en discusión con el volumen general de la relación económica entre ambos países. Mientras el comercio bilateral entre Argentina y Chile ronda los 8.000 millones de dólares, el negocio estimado de la nueva ruta marítima sería de unos 20 millones anuales.
La puesta en marcha del servicio abrirá así un nuevo capítulo en una relación bilateral que deberá compatibilizar los intereses comerciales, las normas internacionales de navegación y la posición histórica de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
