Fernando Palluchini, empresario de la construcción de San Juan, declaró que su firma llegó a acumular hasta 200 días de demora en el cobro de certificados porque se negó a realizar los pagos que, según sostuvo, permitían destrabar los fondos.
El juicio oral por la causa conocida como los Cuadernos de la corrupción tuvo este martes una nueva jornada de testimonios ante el Tribunal Oral Federal N° 7. Uno de los principales relatos estuvo a cargo del empresario sanjuanino Fernando Palluchini, quien aseguró que durante el período investigado existía un mecanismo de retornos que permitía acelerar el cobro de certificados correspondientes a obras públicas.
Palluchini, quien estuvo imputado durante la investigación y posteriormente fue sobreseído, sostuvo que su empresa nunca participó de ese esquema y que, como consecuencia de no realizar esos pagos, atravesó serias dificultades financieras.
Según relató, su empresa llegó a permanecer hasta 200 días sin cobrar certificados por trabajos realizados. En ese contexto, afirmó que un gestor que operaba en Buenos Aires les transmitía información sobre otras compañías que lograban cobrar con mayor rapidez.
“Si uno integraba la camarita y aportaba el dinero que ellos pedían, que era un retorno, de esa manera te agilizaban el pago del certificado”, declaró el empresario ante el tribunal.
La referencia a Ernesto Clarens
Durante su exposición, Palluchini involucró en su relato al financista Ernesto Clarens, quien está entre los acusados en el juicio. Según explicó, su hermano y socio de la empresa había tenido conversaciones telefónicas con Clarens en relación con los retrasos en los pagos.
El empresario aseguró que la respuesta recibida fue que para destrabar los fondos había que “poner lo que hay que poner”.
Palluchini aclaró que su empresa decidió no realizar esos pagos. “Nunca pusimos un centavo de lo que había que poner y así nos fue: casi nos fundimos”, sostuvo.
También señaló que la constructora había quedado incluida en un listado aportado durante la investigación judicial y que, a partir de esa situación, fue convocada a declarar. Negó haber integrado una estructura destinada al pago de retornos y afirmó que la compañía no había recibido anticipos de obra.
En otro tramo de su declaración, explicó que la decisión de mantenerse al margen de ese circuito también implicó abandonar la Cámara Argentina de la Construcción, institución que había presidido su padre.
El recuerdo de la declaración ante Bonadio
El empresario también describió la situación que atravesó el 27 de febrero de 2019, cuando fue citado a declarar ante el juzgado federal que entonces estaba a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio.
Palluchini recordó especialmente la llegada al juzgado del empresario Hugo Dragonetti, quien se encontraba detenido y, según su relato, fue llevado al lugar esposado y con chaleco antibalas.
“Para mí fue un mensaje atemorizante”, afirmó el testigo, quien sostuvo que en ese momento sintió temor sobre lo que podía ocurrir durante su propia declaración.
Según relató, aquella situación le generó dudas acerca de si debía mantener su versión de los hechos o decir aquello que, a su entender, el juez esperaba escuchar. “Era mentir o decir lo que el juez quiere escuchar, o ir con la verdad”, recordó.
Palluchini remarcó que nunca había realizado pagos vinculados con los supuestos retornos y que consideraba que la empresa había sido incluida injustamente en la investigación a partir del listado entregado por Clarens.
Otro testimonio por los allanamientos
La jornada también incluyó declaraciones de integrantes de la Policía Federal que participaron del allanamiento realizado el 23 de agosto de 2018 en el departamento de Cristina Kirchner, ubicado en la esquina de Uruguay y Juncal, en la ciudad de Buenos Aires.
El comisario Eduardo Agostini negó haber recibido instrucciones directamente del juez Claudio Bonadio para permanecer en el lugar hasta encontrar elementos de interés, una afirmación que había realizado anteriormente el encargado del edificio, Julio César Silva.
Agostini señaló que durante el procedimiento las comunicaciones con el juzgado se realizaron a través de secretarios y aseguró que, según su conocimiento, ni él ni el comisario Juan Carlos Barrales mantuvieron una conversación con Bonadio durante el operativo.
También declaró el comisario Mauro Ezequiel Amhed, quien describió distintos aspectos del procedimiento y del interior del departamento.
La audiencia concluyó con el testimonio, bajo confidencialidad, de un agente del Cuerpo de Inteligencia Criminal de la Policía Federal. Por tratarse de un exintegrante de inteligencia, su declaración se realizó a puertas cerradas y sin transmisión pública.
El juicio oral se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. El proceso tiene 86 acusados y comenzó en noviembre de 2025.
