El fiscal participó de un panel sobre el funcionamiento de la Justicia durante el Coloquio de IDEA. Recordó las amenazas y presiones que, según afirmó, enfrentaron durante el proceso y sostuvo que el caso Vialidad “marcó un antes y un después” en materia de corrupción.
El fiscal Diego Luciani participó este jueves de un panel sobre el funcionamiento de la Justicia durante la segunda jornada del Coloquio de IDEA, donde se refirió a su actuación en la causa Vialidad, por la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada y posteriormente quedó firme una pena de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Durante su exposición, Luciani sostuvo que el Poder Judicial cumple un papel central en la lucha contra la corrupción y señaló que los procesos judiciales suelen intervenir cuando los mecanismos institucionales de control anteriores no funcionaron.
En ese contexto, el fiscal recordó las presiones que, según afirmó, enfrentaron los integrantes del Ministerio Público y del tribunal durante el desarrollo de la causa.
“Sufrimos muchísimas amenazas. Las presiones del poder político son muy fuertes”, señaló. Según Luciani, esas presiones pueden presentarse de manera directa o indirecta, a través de distintos mecanismos vinculados con reformas institucionales, cambios en organismos judiciales o cuestionamientos públicos.
El fiscal también recordó los cuestionamientos que recibió después de su alegato en la causa Vialidad y mencionó declaraciones públicas del entonces presidente Alberto Fernández. “Había que cambiar la historia de este país en materia de justicia y creo que lo logramos en materia de corrupción”, afirmó.
“El caso Vialidad marcó un antes y un después”
Luciani defendió el resultado judicial de la causa y sostuvo que el expediente constituye un antecedente relevante en materia de corrupción.
“¿Qué país tendríamos si todo hubiera ido a donde tendría que haber ido? Cloacas, obra pública, infraestructura, rutas”, planteó durante su exposición.
En relación con la situación procesal de la causa, afirmó: “El caso Vialidad marcó un antes y un después en materia de corrupción. Es un caso exitoso. Hay cosa juzgada”.
La causa investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en el expediente y la sentencia quedó firme tras el pronunciamiento de la Corte Suprema.
De la Torre pidió mayor control sobre la Justicia
Del mismo panel participó Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, quien centró su exposición en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control ciudadano sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
La consejera cuestionó la falta de información estadística y de mecanismos de rendición de cuentas que, según planteó, dificultan evaluar el desempeño de los tribunales.
“Si no pedimos rendición de cuentas a los jueces es difícil que haya soluciones”, sostuvo.
De la Torre también hizo referencia a los procesos de selección de magistrados y planteó reparos sobre el funcionamiento de los concursos. En ese sentido, sostuvo que el mérito debería tener un papel central en la designación de jueces y señaló que existen aspectos del sistema que considera poco transparentes.
Además, mencionó el tiempo que pueden permanecer los magistrados en sus cargos frente a la duración de los mandatos políticos. “Cuando designamos un juez, ese juez está 20 o 30 años”, afirmó.
Como ejemplo de la demora de algunos procesos judiciales, citó la causa Skanska, cuya sentencia firme llegó, según señaló, aproximadamente dos décadas después de iniciada la investigación.
Justicia, inversiones y seguridad jurídica
En otro tramo de su exposición, De la Torre vinculó el funcionamiento de la Justicia con las decisiones de inversión. Mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y destacó que determinados conflictos vinculados con proyectos alcanzados por ese régimen pueden quedar sometidos a jurisdicciones internacionales.
“La Justicia tiene que ser el ancla”, afirmó, y planteó que las empresas y la sociedad deben prestar mayor atención al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, los concursos, las normas disciplinarias y los códigos de ética.
La integrante del Consejo de la Magistratura sostuvo finalmente que una mayor disponibilidad de información y mecanismos de control permitiría evaluar con más precisión el desempeño del sistema judicial y su impacto sobre la actividad económica.
