El juicio oral por la denominada Causa de los Cuadernos continuó este martes con las declaraciones de ex funcionarios y técnicos de la entonces AFIP (hoy ARCA), quienes describieron el trabajo realizado para responder los requerimientos judiciales del fallecido juez Claudio Bonadio durante la investigación.
Los testigos coincidieron en que detectaron extracciones millonarias de dólares en efectivo realizadas por empresas investigadas, aunque aclararon que, una vez retirado el dinero por ventanilla, resultaba imposible seguir su destino.
La contadora María Eugenia Lanza, integrante del equipo que analizó la documentación, explicó que el trabajo consistió en comparar las fechas de las extracciones bancarias con los episodios de supuestos pagos de sobornos relatados por el financista arrepentido Ernesto Clarens. Según indicó, en varias empresas aparecieron coincidencias temporales, aunque la AFIP se limitó a aportar información técnica sin emitir conclusiones sobre el destino del dinero.
Lanza sostuvo que en casos como el de la empresa Decavial se registraron retiros por aproximadamente 11,8 millones de dólares durante cuatro años y recordó que algunas extracciones individuales rondaban los 300.000 dólares. También señaló que cuando el dinero era retirado en efectivo «la trazabilidad se perdía», por lo que el organismo no podía determinar qué uso se le había dado.
Durante el contrainterrogatorio de las defensas, la profesional remarcó que retirar dinero en efectivo no constituye por sí mismo un delito, aunque destacó que para operaciones de determinado monto la normativa exige que los pagos sean bancarizados, motivo por el cual movimientos de semejante magnitud llamaban la atención de los investigadores.
Por su parte, el ex funcionario Pedro Puyó recordó que Bonadio había solicitado determinar la existencia de «financiamientos espurios», una expresión que calificó como poco habitual y que obligó a la AFIP a realizar cruces de información sobre empresas y personas físicas vinculadas a la causa.
En la segunda parte de la audiencia declaró Jimena de la Torre, ex jefa de Gabinete de la AFIP durante la gestión de Leandro Cuccioli y actual consejera del Consejo de la Magistratura. Explicó que los pedidos vinculados al caso Cuadernos movilizaron a numerosos equipos del organismo y que las respuestas judiciales permanecían protegidas por el secreto fiscal y sistemas de encriptación.
De la Torre relató además que, tras el cambio de gobierno en diciembre de 2019, varios empleados que habían trabajado en la investigación fueron objeto de auditorías, sumarios y denuncias penales. Según afirmó, algunos controles llegaron incluso a revisar agendas de reuniones para reconstruir la actividad de quienes habían intervenido en el caso. La ex funcionaria señaló que ella misma enfrentó seis denuncias penales derivadas de su paso por la AFIP, todas posteriormente archivadas.
También describió el funcionamiento de la base de datos interna denominada «Memento», utilizada para monitorear consultas sobre contribuyentes de alta exposición pública. Cada acceso a información de políticos, jueces o figuras conocidas generaba una alerta automática y debía ser debidamente justificado para evitar la apertura de sumarios administrativos.
La fiscalía sostiene que parte de las millonarias sumas retiradas en efectivo, principalmente luego del cobro de anticipos financieros para obras públicas, habría sido utilizada para el pago de sobornos durante los gobiernos kirchneristas. Las defensas, en cambio, cuestionan que las extracciones de dinero constituyan una prueba suficiente para establecer ese destino.
El debate continuará el próximo jueves con las declaraciones de Jaime Mecikovsky, ex subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la AFIP, y Eliseo Devoto, ex jefe de Asuntos Jurídicos del organismo, quienes también participaron de las respuestas elaboradas para la investigación judicial.
