A un mes del inicio de la investigación, la Justicia ya comenzó a reconstruir —aunque de manera preliminar— el entramado de ingresos, gastos y deudas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de determinar si su evolución patrimonial se condice con sus ingresos declarados.
La causa, que tramita en los tribunales de Comodoro Py, se centra en un dato clave: el marcado incremento en su nivel de vida desde que asumió funciones públicas. En ese marco, el funcionario se prepara para presentar su declaración jurada correspondiente a 2025, luego de que la Oficina Anticorrupción extendiera el plazo hasta el 31 de julio.
Ingresos declarados y patrimonio inicial
Según su última declaración jurada —correspondiente a 2024—, Adorni informó poseer una caja de ahorro con 2,45 millones de pesos, un crédito por 2 millones, 6.220 dólares en una cuenta en Estados Unidos y otros 42.500 dólares en efectivo. Durante ese período, su salario mensual rondaba los 3,5 millones de pesos.
Sin embargo, los investigadores detectaron que muchas de las operaciones relevantes no aparecen reflejadas en sus registros bancarios, lo que complejiza la trazabilidad de los fondos.
Viajes y gastos en efectivo
Uno de los ejes centrales del expediente son los viajes realizados junto a su esposa, Bettina Angeletti. La Justicia analiza distintos desplazamientos internacionales, varios de ellos abonados en efectivo y en dólares.
Entre los casos bajo revisión figura un vuelo privado a Punta del Este, con un costo total superior a los 7.800 dólares, compartido con el productor Marcelo Grandío. También se investigan vacaciones en Aruba, donde el matrimonio habría desembolsado más de 14.000 dólares entre alojamiento y pasajes.
Otro gasto relevante fue el vuelo de regreso en primera clase que Angeletti abonó tras un viaje a Nueva York, en el marco de la Argentina Week, por más de 5.000 dólares.
Propiedades, deudas y financiamiento
El capítulo más sensible del expediente está vinculado a las operaciones inmobiliarias. Adorni declaró dos propiedades —en La Plata y Parque Chacabuco—, ambas actualmente en venta. No obstante, en paralelo adquirió un semipiso en Caballito y una casa en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Para la compra del departamento en Caballito, entregó 30.000 dólares en efectivo y financió el saldo —unos 200.000 dólares— sin interés, a un año, mediante un acuerdo con particulares. A esto se suman refacciones por 65.000 dólares, cuya devolución, según consta en la causa, habría sido pactada de manera informal.
En cuanto a la casa en Indio Cuá, la operación incluyó un préstamo de 100.000 dólares otorgado por dos agentes de la Policía Federal, con una tasa anual del 11%. Parte de ese monto ya fue devuelto, aunque aún resta cancelar una porción significativa.
En total, la Justicia estima que el funcionario deberá afrontar compromisos por alrededor de 270.000 dólares en los próximos meses, además de otras obligaciones derivadas de reformas y honorarios profesionales.
Tarjetas, cuentas y nuevas medidas
Otro foco de análisis son los consumos con tarjeta de crédito, que registraron picos hacia fines de 2025. Sin embargo, los investigadores consideran que los gastos más elevados se realizaron en efectivo, lo que dificulta su rastreo.
Para profundizar la investigación, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó información a bancos, billeteras virtuales, exchanges de criptomonedas y empresas de custodia de valores. También se requirieron datos sobre operaciones cambiarias al Banco Central de la República Argentina y documentación a aerolíneas y agencias de turismo.
En paralelo, se analiza el patrimonio familiar, incluyendo los ingresos de Angeletti y el estado del proceso sucesorio del padre del funcionario.
Un rompecabezas en construcción
Con múltiples frentes abiertos —viajes, propiedades, deudas, consumos y posibles ingresos no declarados—, la causa avanza como un rompecabezas financiero en el que cada pieza resulta clave. La incógnita central sigue siendo la misma: si el nivel de gastos del jefe de Gabinete puede justificarse con sus ingresos formales o si existen inconsistencias que deriven en responsabilidades penales.
