La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, lanzó duras críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras las explicaciones brindadas sobre el crecimiento de su patrimonio. La legisladora sostuvo que la situación «es más que un error, es una omisión ética» y remarcó que será la Justicia la que determine si existieron responsabilidades legales.
La polémica se desató luego de que Adorni reconociera que incorporó más de 500 mil dólares a su patrimonio familiar provenientes de operaciones con bitcoins realizadas entre 2013 y 2018. Según explicó, esos fondos correspondían a ahorros personales que no habían sido declarados formalmente durante años. «Ahorramos en negro como todos los argentinos», afirmó el funcionario al justificar la situación, una declaración que generó fuertes repercusiones políticas.
Bullrich consideró que el caso trasciende una simple irregularidad administrativa y afecta los estándares éticos que deben cumplir los funcionarios públicos. «Nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado. Ahora será la Justicia la que tendrá que determinar», expresó la senadora, quien previamente había reclamado la presentación inmediata de la declaración jurada de Adorni para despejar las dudas sobre la evolución de su patrimonio.
Las críticas profundizan las tensiones dentro del oficialismo. Mientras Bullrich endureció su postura y advirtió sobre la gravedad del caso, el presidente Javier Milei y otros referentes libertarios respaldaron públicamente al jefe de Gabinete, al considerar suficientes las explicaciones brindadas sobre el origen de los fondos.
La controversia también abrió un debate sobre las obligaciones de transparencia de los funcionarios y el alcance de las declaraciones juradas patrimoniales. Desde distintos sectores de la oposición reclaman mayores precisiones sobre la evolución del patrimonio de Adorni y los mecanismos utilizados para exteriorizar esos activos.
En este contexto, la referencia de Bullrich a una posible «omisión ética» elevó la presión política sobre el jefe de Gabinete y dejó abierta la posibilidad de nuevas actuaciones judiciales. La investigación sobre su situación patrimonial continúa avanzando, mientras el caso sigue ocupando un lugar central en la agenda política nacional.
