Con las redes sociales como tribuna política, Javier Milei y Patricia Bullrich cosechan los réditos de su apuesta por la fórmula que mezcla dosis de ajuste fiscal para domar la inflación y de mano dura para preservar el “orden” en las calles.
Sin embargo, gobernadores e intendentes de los distritos más populosos del país están inquietos por los efectos de la recesión económica en sus territorios. El factor de riesgo que más preocupa es el impacto del fuerte deterioro socio-laboral en los índices de inseguridad.
La mayoría de los mandatarios consultados por LA NACION detecta un alza de homicidios, hurtos o delitos contra la propiedad en los últimos meses. No solo alertan sobre la profundización de nuevas modalidades -como el robo de cables y otras piezas de cobre en hospitales y escuelas públicas-, sino sobre los riesgos de un clima social complejo en las zonas más postergadas -villas o asentamientos- por los coletazos del ajuste fiscal y la suba del desempleo. De hecho, ya se cerraron 275.000 cuentas sueldo en los primeros tres meses del año y el índice de pobreza está en torno al 50% de la población, según estimaciones privadas -el estudio de la Universidad Torcuato Di Tella calculó que trepó al 49% en el primer semestre del año-. El último dato disponible del Indec es el del segundo trimestre de 2023, cuando llegó al 41,7%.
Si bien todavía no fueron publicados los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), gobernadores e intendentes y especialistas del área alertan sobre un incremento de los robos de autos y hurtos. En el Ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Bullrich, son cautos y esperan a procesar los datos que reciben de las provincias para trazar un diagnóstico. “No vemos un incremento o brote por el clima de recesión. Sí hay jóvenes que caen en prácticas delictivas por la situación social”, aseguran fuentes de la cartera de Bullrich.
Pese a que lucen optimistas y confían en lograr resultados aplicando la receta represiva, parte de la batalla cultural de Milei, la inseguridad se mantiene en el tope de las preocupaciones ciudadanas. Según una encuesta realizada el mes pasado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA en once conglomerados urbanos del país, un 71% de los ciudadanos cree que el problema de la inseguridad es “extremadamente grave”. Y un 63% considera que aumentó “mucho o algo” en el último año.
La Casa Rosada se enfoca en la pelea contra el crimen organizado y refuerza la ofensiva contra el narcotráfico en Rosario, donde desplegaron fuerzas federales y trabajan en coordinación con el radical Maximiliano Pullaro tras la crisis de marzo. El año pasado hubo 261 homicidios dolosos en Rosario. En lo que va de 2024 se registraron 51. En los primeros tres meses de 2023 la cifra alcanzaba los 137, por lo que Pullaro y Bullrich consideran que redujeron la violencia ya sea por la política de persecución penal y control en las cárceles o el envío de gendarmes y prefectos. Pasado mañana, Bullrich se reunirá con los ministros de las 24 jurisdicciones en Mendoza en el marco de una nueva reunión del Consejo de Seguridad Interior.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, viene alertando a sus pares sobre el creciente deterioro del tejido social debido a la política de ajuste que aplica Milei para controlar la inflación. La inseguridad es la principal preocupación de los cordobeses que viven en la ciudad capital o Río Cuarto. Por eso, los ejes de la gestión de Llaryora son las áreas de seguridad, educación y social. Quienes frecuentan a Juan Pablo Quinteros, a cargo de la cartera, aseguran que le inquieta el panorama social. En Córdoba evitan hablar de números, pero creen que estadísticamente están mejor que el año pasado. No obstante, consideran que existen mayores riesgos de que haya un brote delictivo debido al aumento de la exclusión social y pérdida de empleo. “Hay gente que se cae del sistema y reincide en el delito”, grafican.
En la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof se recuesta en Javier Alonso, un dirigente de confianza de Sergio Berni, también detectan un aumento del delito -impacta, sobre todo, en las denuncias de robos de automotores- por el shock recesivo del plan de Milei. “La suba es proporcional. Es matemática pura, hasta la ONU lo dice en sus informes”, argumentan.
En el conurbano hay un hartazgo acumulado tras décadas de impotencia frente a la ola de inseguridad y el avance del narcotráfico. Según los últimos datos disponibles de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, los departamentos judiciales con más delitos en 2023 fueron Lomas de Zamora, Avellaneda-Lanús, Morón, La Plata, San Martín y Quilmes. En tanto, General Rodríguez, Moreno y La Matanza están entre las zonas más peligrosas del oeste.
“Se suele asociar el empeoramiento de la situación económica con el aumento del delito, no al revés. Hay una serie de problemas que se agudizan. Hay que estar atentos a la expansión de los circuitos de narcomenudeo y narcotráfico o el delito contra la propiedad más amateur”, remarca la socióloga Angela Oyhandy, directora del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Universidad de La Plata.
“Creo que hay riesgos más graves y directos en la propia política del Gobierno, como ocurre con la facilitación del acceso a las armas de fuego. Hay evidencia clara de que eso aumenta los delitos violentos, homicidios, suicidios o letalidad de los accidentes”, agrega Oyhandy.
La pueblada que provocó el violento crimen del delivery en Tres de Febrero, terruño de Diego Valenzuela, encendió las alarmas en La Plata en medio de la tensa negociación de Kicillof con la Policía Bonaerense por los aumentos salariales. Finalmente, el gobernador les concedió un incremento del 7,5%, duplicó el valor de las horas extra de los efectivos -quedó en $ 1200- y subió a $ 35.000 el suplemento por uniforme para desactivar la crisis. Hay gobernadores que sufren la caída de la recaudación y temen un efecto contagio del conflicto en Misiones con la policía. “La Nación no nos manda recursos”, dice uno de los gobernadores que debió aumentar el presupuesto en seguridad para mantener la calma entre los uniformados. Para Bullrich y sus asesores, la crisis en Misiones es un “caso aislado” y no repercutirá en Buenos Aires.
El salario neto que cobrará un oficial de la bonaerense es de $581.000, un poco más de la mitad del sueldo que percibe un policía de la Ciudad ($914.337). El grupo “Policías Reclamando” reclamaba un salario mínimo de alrededor $828.158, para alcanzar el nivel de la canasta básica establecido por el Indec. Entre tanto, los intendentes bonaerenses de la oposición reclaman que Kicillof abandone la lógica permisiva y les dé mayor poder a los municipios para controlar la seguridad. De hecho, aseguran que deben financiar el combustible y mantenimiento de los móviles de la bonaerense que patrullan sus distritos.
En la Ciudad también notan una suba de los delitos no violentos y hurtos desde noviembre por el deterioro de la situación socioeconómica. “El clima social está complicado”, admiten en el gobierno de Jorge Macri.
Matías Moreno
