La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó que recurrirá al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad. El anuncio fue realizado a través de una columna de opinión publicada en medios internacionales como El País (España), Libération (Francia) y Folha de S. Paulo (Brasil), además de una carta abierta difundida en sus redes sociales bajo el título «El costo democrático de la politización de la justicia».
En el texto, la exmandataria sostuvo que su condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituyen una forma de «proscripción» y argumentó que el caso trasciende su situación personal, al considerar que también afecta el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes.
Kirchner informó que su defensa presentó una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, al sostener que durante el proceso judicial se vulneraron garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado del que Argentina es parte.
Para esta instancia internacional, su equipo legal incorporó a los juristas Rafael Valim, integrante del equipo que defendió al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y Javier Borrego, quienes trabajarán junto al abogado Alberto Beraldi.
En su carta, la expresidenta afirmó que el proceso estuvo marcado por «arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso» y denunció la existencia de un «machismo estructural» dentro de sectores del sistema judicial argentino. Además, sostuvo que la verdadera finalidad de la condena fue impedir su participación política.
«No busco privilegios ni excepciones. Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino», expresó.
Kirchner también recordó el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022 y señaló que ese episodio evidenció el nivel de violencia política existente en el país.
La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad. La sentencia quedó firme en junio de 2025 tras el rechazo de los recursos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras que en julio de 2026 el máximo tribunal confirmó además el decomiso de bienes por $684.990 millones.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU deberá analizar primero la admisibilidad de la presentación. Si considera que cumple con los requisitos establecidos, solicitará información al Estado argentino antes de emitir un pronunciamiento. Sus decisiones tienen carácter de recomendación y no constituyen fallos judiciales obligatorios para los Estados miembros.
