El Tribunal Oral Federal N° 2, que tiene a su cargo la ejecución de la condena dictada en la causa Vialidad, ordenó embargar una serie de propiedades y activos vinculados a Cristina Fernández de Kirchner y a su entorno familiar.
Entre los inmuebles alcanzados por la medida se encuentra el departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenada a seis años de prisión en el expediente por irregularidades en la obra pública.
La decisión forma parte del proceso destinado a recuperar el perjuicio económico establecido por la Justicia en la causa, calculado en $685.000 millones. El objetivo es avanzar sobre los bienes que podrían ser alcanzados por el decomiso dispuesto a partir de la condena.
El embargo, sin embargo, no implica un remate inmediato ni modifica la titularidad de las propiedades. La medida establece una restricción jurídica sobre los bienes para impedir que sean vendidos, transferidos o utilizados como garantía mientras continúa el proceso de decomiso.
Los inmuebles alcanzados
La resolución del TOF N° 2 también incluye propiedades ubicadas en el complejo Madero Center, en Puerto Madero. Allí fueron embargados un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera.
En Santa Cruz, la medida alcanzó distintos terrenos y edificaciones. Entre ellos se encuentra el predio donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén.
También fueron incluidos inmuebles situados en El Calafate y Río Gallegos. Dentro del listado figura un chalet perteneciente a Cristina Kirchner, ubicado sobre la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner, además de otras viviendas localizadas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo.
También alcanza a bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso fundamentaron además la extensión de las medidas sobre determinados bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner, pese a que ambos no fueron condenados en la causa Vialidad.
Según la resolución, durante el juicio se acreditó que las maniobras consideradas defraudatorias generaron beneficios económicos directos para el empresario Lázaro Báez e indirectos para integrantes de la familia Kirchner.
El fallo también hizo referencia a los vínculos comerciales entre empresas relacionadas con Báez y sociedades vinculadas a la familia Kirchner, entre ellas Los Sauces y Hotesur, a través de las cuales se desarrollaron operaciones relacionadas con hoteles y otros emprendimientos.
Con los nuevos embargos, la Justicia avanza así en una etapa clave de la ejecución de la sentencia de Vialidad, mientras continúa el proceso destinado a determinar los bienes que finalmente podrían ser decomisados para hacer efectivo el recupero del perjuicio económico establecido en el expediente.
