El estudio detectó cortes, inconsistencias acústicas e indicios compatibles con una regrabación.
La interrupción de la cadena de custodia impidió establecer el origen del material y determinar si las voces corresponden a los involucrados en la investigación por presuntos sobornos.
Un informe técnico de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional concluyó que no fue posible establecer la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ni identificar técnicamente las voces que aparecen en las grabaciones incorporadas a la causa judicial.
El peritaje detectó discontinuidades abruptas, inconsistencias acústicas e indicios compatibles con procesos de regrabación, elementos que podrían corresponder a cortes, intervenciones o ediciones posteriores al registro original. Además, los especialistas señalaron que no pudieron descartar una eventual manipulación del material ni el uso de herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces.
Uno de los principales obstáculos fue la interrupción de la cadena de custodia antes de que los archivos llegaran a manos de los peritos. Esta circunstancia impidió garantizar que las grabaciones analizadas fueran exactamente las mismas que se obtuvieron originalmente y que no hubieran sufrido modificaciones durante su circulación.
Las conclusiones no permitieron validar la autenticidad de los audios ni atribuir las voces a las personas involucradas en el expediente. Según el informe, las limitaciones técnicas impidieron arribar a una respuesta definitiva sobre el origen del material.
La defensa de Spagnuolo había planteado la posibilidad de que las grabaciones hubieran sido editadas o generadas mediante inteligencia artificial. A partir de ese cuestionamiento, la Justicia ordenó el estudio técnico para determinar si era posible verificar su procedencia y establecer su valor como elemento de prueba.
Una investigación por presuntos sobornos
La causa se inició tras la difusión pública de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se describía un supuesto esquema de cobro de sobornos a prestadores y droguerías vinculados con la compra de medicamentos a través de la ANDIS.
En uno de los fragmentos difundidos se mencionaba a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, como una presunta destinataria de parte del dinero. Sin embargo, según la información publicada sobre el expediente, Karina Milei no fue imputada en la causa.
La difusión de las grabaciones generó una investigación judicial destinada a esclarecer las presuntas irregularidades en el organismo y determinar si existieron maniobras ilícitas en las contrataciones.
El informe pericial representa un elemento relevante para evaluar el valor probatorio de las grabaciones, aunque la imposibilidad de autentificarlas no implica, por sí sola, que deban darse por descartados los hechos investigados.
La causa continúa bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien deberá analizar el alcance de las conclusiones técnicas y resolver cómo avanzar con las medidas de prueba pendientes.
