El Foro de Periodismo Argentino presentó una denuncia ante la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y solicitó que requiera explicaciones al Estado argentino.
Según su monitoreo, los ataques contra la prensa alcanzaron un récord en 2025 y esa cifra ya fue superada en lo que va de 2026.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó una denuncia ante Naciones Unidas por el aumento de las agresiones contra periodistas en el país y solicitó medidas para examinar la situación de la libertad de expresión. La entidad señaló especialmente los discursos del presidente Javier Milei contra trabajadores de prensa, además de episodios de hostigamiento, agresiones durante coberturas y restricciones al acceso a la información pública.
La presentación fue realizada el lunes 26 de octubre ante la Relatoría Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Entre los pedidos figura el envío de una comunicación formal al Estado argentino, un pronunciamiento público y la evaluación de una eventual visita oficial al país.
El planteo se apoya en los registros del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, que documenta episodios contra periodistas desde 2008. De acuerdo con las cifras difundidas por la organización, se contabilizaron 116 casos en 2023, 179 en 2024 y 278 en 2025, el número más alto desde el inicio de la serie.
La entidad advirtió que el registro de 2026 ya superó el máximo del año anterior y atribuyó al Presidente una parte importante de los episodios relevados.
FOPEA contabilizó 175 episodios vinculados a Milei en 2026
Según los datos presentados por la organización, los casos que FOPEA atribuye al mandatario pasaron de 56 en 2024 a 119 en 2025 y 175 en lo que va de 2026. La entidad sostiene que más del 60% de las agresiones registradas durante este año son atribuibles a Milei.
Estas cifras corresponden a la clasificación realizada por el propio organismo en su sistema de monitoreo y no implican que todos los episodios hayan sido establecidos mediante resoluciones judiciales.
FOPEA considera que las descalificaciones públicas contra periodistas pueden contribuir a un clima de hostilidad y aumentar los riesgos para quienes investigan y difunden información de interés público.
Las declaraciones presidenciales incluidas en la denuncia
Entre los episodios señalados figuran dos declaraciones de Milei durante octubre.
El 6 de octubre, el Presidente publicó en la red social X la frase: “Torpedo a la cabeza de los sicarios corruptos del micrófono”.
Posteriormente, durante la cena anual de la Fundación Faro, realizada el 23 de octubre, mencionó por sus nombres a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, quienes habían informado sobre la causa $LIBRA. En ese contexto, afirmó: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.
FOPEA consideró preocupante la utilización de expresiones vinculadas con la violencia física luego de identificar públicamente a periodistas. La entidad advirtió que este tipo de discursos puede profundizar la estigmatización de quienes ejercen la actividad periodística.
La organización aclaró que su presentación no busca intervenir en el debate sobre el fondo de la causa judicial mencionada, sino poner el foco en las posibles consecuencias de las declaraciones de funcionarios públicos sobre la seguridad y el trabajo de la prensa.
Agresiones durante protestas y restricciones informativas
La denuncia también incluye episodios de violencia contra trabajadores de prensa durante manifestaciones públicas. Entre los antecedentes mencionados se encuentra el caso del reportero gráfico Pablo Grillo, gravemente herido en marzo de 2025, así como las agresiones denunciadas contra siete trabajadores de prensa durante la Marcha Federal Universitaria de octubre de 2026.
FOPEA también alertó sobre campañas de hostigamiento digital, difusión de contenidos falsos generados mediante inteligencia artificial y ataques contra periodistas en redes sociales. Entre los casos señalados figura la circulación de videos fabricados con inteligencia artificial contra la periodista Julia Mengolini.
Otro de los puntos cuestionados se relaciona con las restricciones de acceso a la Casa Rosada, los cambios en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública y las dificultades para obtener información oficial.
La entidad incorporó, además, sus preocupaciones por acciones judiciales contra periodistas y por el deterioro de los medios de comunicación locales, especialmente en regiones con menor cobertura informativa.
Los pedidos ante Naciones Unidas
FOPEA solicitó que la Relatoría Especial de la ONU envíe una comunicación formal al Estado argentino para plantear las preocupaciones documentadas y requiera información sobre las medidas adoptadas para proteger la libertad de expresión.
También pidió un pronunciamiento público sobre la situación del periodismo en el país, un recordatorio de las obligaciones internacionales asumidas por Argentina —en particular, las establecidas en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— y la evaluación de una visita oficial.
La organización propuso, además, coordinar acciones con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su presentación, sostuvo que las autoridades deben evitar expresiones que estigmaticen a periodistas o los expongan a situaciones de riesgo. Asimismo, convocó a dirigentes políticos, legisladores e instituciones a pronunciarse frente a los discursos que puedan contribuir a legitimar agresiones contra trabajadores de prensa.
El planteo ante la ONU se suma a las presentaciones que FOPEA había realizado ante la CIDH en diciembre de 2025.
Por el momento, la denuncia constituye una solicitud de intervención y no una resolución del organismo internacional. La eventual respuesta de la Relatoría y las medidas que pudiera adoptar serán los próximos pasos para determinar cómo avanzará el reclamo.
La presentación vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre el Gobierno nacional y los medios de comunicación, así como las garantías necesarias para que los periodistas puedan desarrollar su trabajo sin amenazas, agresiones ni restricciones indebidas.
