Organismos provinciales y representantes de UNICEF Argentina analizaron mecanismos de coordinación, capacitación y protección de derechos para abordar las situaciones que involucran a adolescentes en conflicto con la ley penal.
Representantes del Poder Ejecutivo provincial, del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público de la Acusación participaron de una reunión con UNICEF Argentina para coordinar acciones vinculadas con la aplicación de la Ley Penal Juvenil, en vigencia desde septiembre.
El encuentro fue organizado por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, con el objetivo de compartir las intervenciones que desarrolla cada organismo y avanzar en mecanismos de trabajo conjunto para ofrecer respuestas integrales, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
Durante la reunión se planteó la necesidad de fortalecer la prevención, garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes y mejorar la articulación entre las instituciones que intervienen en estas situaciones. También se abordó la importancia de promover medidas orientadas a la educación, la reintegración social y la prevención de nuevas conductas delictivas.
La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, participó de la jornada junto con el especialista en Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de UNICEF Argentina, Alejandro Morlachetti, y la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte.
También estuvieron presentes representantes de las áreas de Seguridad, Salud Mental y Educación, del sistema judicial, de los organismos de defensa y acusación penal, del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y de las instituciones vinculadas con la atención de adolescentes.
Uno de los ejes del encuentro fue la necesidad de reforzar la formación de los equipos técnicos y del personal policial que interviene en el abordaje penal juvenil. En ese sentido, se acordó avanzar en instancias de capacitación continua con el acompañamiento de UNICEF, para fortalecer las capacidades profesionales y unificar criterios de actuación.
La defensora general del Ministerio Público de la Defensa, María Gabriela Burgos, destacó la importancia de garantizar la especialización en justicia juvenil, el derecho de los adolescentes a ser escuchados, una defensa efectiva y el respeto del debido proceso cuando existe una intervención judicial.
Asimismo, señaló la necesidad de profundizar herramientas como la mediación y la justicia restaurativa, con el propósito de abordar los daños, favorecer la reparación y promover la integración comunitaria.
Por su parte, Marta Iriarte remarcó que la coordinación entre los distintos organismos resulta necesaria para sostener la implementación de la ley. Según explicó, las capacitaciones previstas estarán destinadas a profesionales y personal policial, con la intención de que los conocimientos adquiridos puedan transmitirse a otros integrantes de los equipos de trabajo.
Durante la jornada también se compartieron las acciones que cada institución desarrolla y se analizaron las dificultades que requieren una intervención coordinada. Desde el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura se insistió en la importancia de articular respuestas efectivas ante las problemáticas que atraviesan los adolescentes.
El trabajo conjunto busca consolidar procedimientos que contemplen las particularidades de cada situación, con especial atención a las garantías legales, la protección integral de derechos y las alternativas educativas y restaurativas dentro del abordaje penal juvenil.
