Un conflicto de larga data volvió a salir a la luz luego de que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, denunciara maniobras de la secretaría de Agricultura Familiar para entregar 23 mil hectáreas de tierras privadas y provinciales al Movimiento Evita.
Sucede que en Mendoza existe una causa similar que viene de larga data y que tiene al referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, como uno de los involucrados.
El conflicto en Mendoza empezó hace tiempo, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En junio del 2015, el por entonces Secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, avaló supuestos informes técnicos que adjudicaban la posesión de 93 mil hectáreas a la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) en el departamento de Lavalle.
«El gobernador de Jujuy hizo una denuncia con el fiscal de la provincia de como se repartían la tierra con el ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. Me pasó exactamente lo mismo. Me encontré -porque no te notifican- que desde el Ministerio habían regalado mis tierras», explicó a MDZ Pablo Rodríguez Peña, quien reclama la propiedad y posesión de esas 93 mil hectáreas del campo El Quemado.
«Le adjudicaron la posesión a familias que supuestamente viven en mi campo. En teoría el informe técnico dice que son 30 familias a las que le dieron 13 mil hectáreas en el sur de El Quemado y 80 mil hectáreas al norte», manifestó. Eso ocurrió en el año 2014 y desde entonces comenzó un largo periplo judicial que incluso derivó en una imputación en su contra por presuntas amenazas contra las personas que estaban haciendo uso de sus tierras. «Cuando llegué no me los encontré arreando cabras ni haciendo agricultura familiar. Los encontré con máquinas sacando áridos de mi cantera para venderlos a la Municipalidad de Lavalle, de la cual fuimos proveedores durante años», remarcó.
Para Rodríguez Peña la denuncia de Gerardo Morales demuestra la existencia de un modus operandi que se ha repetido a lo largo y ancho del país. «A nosotros nunca nos dieron la posibilidad de llevar pruebas de la posesión de ese campo. Tenemos contratos con Vialidad e incluso juicios que le ganamos a esa dependencia. La cantera está inscripta desde 1984 y también le cedimos 4000 hectáreas a la Brigada Aérea. El terreno donde funciona el control fitosanitario de Jocolí lo donamos nosotros. Está todo documentado», afirmó.
En este sentido, al igual que Gerardo Morales, apuntó contra la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación y dijo que la misma funcionaria que firmó el informe técnico -de apellido Díaz Valentín- figura como una de las adjudicatarias de 600 hectáreas cedidas por Irrigación. «Tengo pruebas concretas de cómo los propios funcionarios públicos que participan de estos informes se beneficiaron adjudicándose para sí la posesión de esas tierras. Todo a espaldas de la gente que supuestamente dicen beneficiar», expresó.
«Quien firma la presentación del informe que avala la posesión a los campesinos de la UST y firma como funcionaria pública es la misma que figura como una de las poseedoras de esas tierras», sostuvo. «Es lo mismo que hicieron en Jujuy. Y por lo que me enteré porque hablé con gente de Morales también lo habrían hecho en Salta, Formosa, Misiones por lo que se sabe hasta ahora. Pero deben ser muchos más», subrayó.
Después de un largo litigio Rodríguez Peña consiguió que le permitieran ingresar por la huella hasta la propiedad. En cuanto al resto de los frentes legales, la única causa que se elevó a juicio es la que lo tiene como imputado por «coacción agravada» por supuestas amenazas a las personas que estaban extrayendo materiales de la ripiera.
Mariano Bustos
