El Gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT) alcanzaron un acuerdo para modificar aspectos de la reglamentación de la reforma laboral que habían generado un fuerte rechazo en el sindicalismo. La decisión, oficializada mediante el Decreto 612, busca corregir las restricciones impuestas por la reglamentación anterior sobre las cuotas solidarias y los aportes patronales destinados a los gremios, con el objetivo de evitar una ola de litigios judiciales y reactivar la negociación de los convenios colectivos.
Las conversaciones entre funcionarios nacionales y dirigentes sindicales se desarrollaron durante varias semanas de manera reservada y concluyeron con una norma consensuada que introduce cambios en puntos considerados sensibles para el financiamiento de las organizaciones gremiales.
Uno de los principales ajustes modifica la base sobre la cual se calcula el límite del 2% establecido para las cuotas solidarias. Mientras que la reglamentación previa tomaba únicamente el salario básico convencional, el nuevo decreto amplía ese cálculo e incorpora las sumas remunerativas normales y habituales de pago mensual. En cambio, quedan excluidos conceptos extraordinarios como bonos, horas extras, aguinaldo, plus vacacional y otros pagos no habituales.
La nueva reglamentación también establece que los aportes y contribuciones efectuados por los empleadores con fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales ya no estarán alcanzados por ese tope del 2%. Sin embargo, esos recursos deberán administrarse mediante una contabilidad separada del resto de los fondos sindicales, con registros que permitan identificar su origen, destino y utilización.
Desde el Ejecutivo consideran que esta modificación permitirá destrabar la negociación de cientos de convenios colectivos que habían quedado paralizados. Según trascendió, tanto sindicatos como empresas evitaban avanzar en las discusiones ante la incertidumbre que generaba la reglamentación anterior y la posibilidad de que los nuevos acuerdos terminaran judicializados.
La Secretaría de Trabajo había convocado a revisar cerca de 800 convenios colectivos para adecuarlos a la Ley de Modernización Laboral. Sin embargo, hasta el momento no se concretó la renegociación integral de ninguno de ellos. Apenas hubo avances parciales en algunos puntos, como la incorporación del banco de horas y del denominado salario dinámico.
La modificación también responde a reclamos del sector empresario. Diversas compañías cuestionaban que el Estado limitara contribuciones acordadas con los sindicatos para fortalecer prestaciones como las obras sociales, seguros de vida, mutuales o fondos asistenciales, al considerar que esos beneficios también alcanzan directamente a los trabajadores.
Para la CGT, la reglamentación dictada meses atrás había alterado el espíritu del acuerdo alcanzado durante el tratamiento de la reforma laboral y comprometía seriamente el financiamiento sindical, especialmente el sostenimiento del sistema de obras sociales.
Pese al entendimiento alcanzado con el Gobierno en este punto, la central obrera ratificó que mantendrá su plan de protesta. La movilización prevista para acompañar el reclamo de los jubilados no sufrirá modificaciones, aunque desde el sindicalismo destacaron que el acuerdo demuestra que el diálogo institucional continúa abierto.
