En medio de la tensión que atraviesa el sistema de salud provincial, el Gobierno de Jujuy salió a fijar posición frente al conflicto que involucra al Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), clínicas privadas y el Colegio Médico, y puso el foco en la necesidad de sostener el diálogo para evitar perjuicios a los afiliados.
El secretario de Comunicación, Alberto Siufi, advirtió que cualquier medida de fuerza impactaría directamente en unas 190 mil personas que dependen de la obra social provincial. “No se puede llegar a medidas que afecten a familias enteras”, sostuvo durante una conferencia de prensa.
El funcionario reconoció que el conflicto se inscribe en un contexto económico complejo, con dificultades que atraviesan a todo el sistema sanitario. Sin embargo, remarcó que existen herramientas para encauzar la situación mediante acuerdos entre las partes. “Puede haber enojo o insatisfacción, pero con diálogo estas situaciones se pueden subsanar”, afirmó.
La disputa se intensificó en los últimos días a partir de reclamos vinculados a los pagos por prestaciones y los honorarios que perciben los profesionales de la salud. En ese marco, Siufi planteó la necesidad de dar una discusión con datos concretos, comparando los valores que abona el ISJ con los de otras obras sociales y empresas de medicina prepaga.
A pesar del escenario tenso, destacó que hubo avances recientes que permitieron descomprimir parcialmente la situación, aunque insistió en que el diálogo debe sostenerse en el tiempo para evitar nuevos conflictos.
Durante su exposición, también amplió el análisis al plano nacional y mencionó las dificultades que enfrenta el PAMI, señalando atrasos en pagos y problemas en la cobertura de medicamentos, lo que —según indicó— repercute en todo el país.
En ese sentido, cuestionó el rol de legisladores nacionales y sugirió que podrían tener una mayor intervención para contribuir a resolver la crisis. “El sistema de salud está en una situación profunda de dificultades, con problemas en medicamentos, pagos y cobertura”, describió.
Finalmente, reiteró que cualquier salida al conflicto debe priorizar a los afiliados y garantizar la continuidad de la atención. “Tenemos que encontrar soluciones sin afectar a la gente. Ese tiene que ser el eje de cualquier decisión”, concluyó.
