El Congreso analiza una iniciativa que busca establecer un mecanismo de “segunda oportunidad” para personas que acumularon deudas con distintos bancos, fintechs o tarjetas de crédito y ya no pueden afrontar sus compromisos. El proyecto se encuentra en tratamiento en comisiones de la Cámara de Diputados y plantea una revisión judicial de los casos de sobreendeudamiento.
La propuesta contempla que, cuando una persona tenga más de una deuda, pueda acceder a un procedimiento judicial simplificado para que un juez evalúe su situación financiera. El magistrado podría analizar no solo el monto adeudado, sino también las condiciones en las que fueron otorgados los créditos, los intereses aplicados y si existieron prácticas abusivas.
El proyecto fue impulsado por el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas, quien sostuvo que la iniciativa busca abordar el crecimiento del sobreendeudamiento sin trasladar las deudas privadas al Estado. Según explicó, el objetivo es que la Justicia pueda intervenir cuando existan indicios de intereses desproporcionados, incumplimiento de las normas de crédito responsable o situaciones de abuso.
Uno de los aspectos que los impulsores consideran más preocupantes es la edad de las personas endeudadas. Juliano señaló que más del 38% de los deudores son menores de 25 años y diferenció los niveles de mora registrados en bancos respecto de los que se observan en las fintechs.
Qué podría revisar un juez
La iniciativa apunta a que la Justicia pueda evaluar las circunstancias en las que se contrajo cada deuda. Entre otros aspectos, se analizaría si el crédito fue otorgado de manera responsable, si los intereses resultan desproporcionados y si se respetaron las condiciones de buena fe en la contratación.
La propuesta parte de una pregunta central: si el prestador tenía elementos suficientes para advertir que una persona no estaba en condiciones de afrontar el crédito que se le otorgaba.
En ese sentido, sus impulsores cuestionan que el sobreendeudamiento sea considerado únicamente como un problema de falta de educación financiera. La iniciativa plantea que también deben analizarse las condiciones del mercado crediticio y las responsabilidades de quienes otorgan los préstamos.
También buscan limitar el hostigamiento
Otro de los puntos contemplados está relacionado con las prácticas de cobranza. El proyecto propone establecer restricciones frente al hostigamiento digital, especialmente en aquellos casos en los que los reclamos son enviados a familiares o contactos del deudor.
El planteo adquiere relevancia por el crecimiento de los préstamos gestionados a través de billeteras virtuales y plataformas fintech, que en algunos casos cuentan con acceso a información personal de sus usuarios.
Desde el sector impulsor de la iniciativa sostienen que las empresas que ofrecen servicios crediticios deberían estar sometidas a reglas similares cuando desarrollan actividades equivalentes a las de las entidades financieras tradicionales.
Un debate que avanza en comisiones
El proyecto se encuentra actualmente en las comisiones de Usuarios y Consumidores y de Finanzas de la Cámara de Diputados. Según Juliano, existen alrededor de 30 iniciativas legislativas relacionadas con el sobreendeudamiento, por lo que el objetivo es avanzar hacia una propuesta que pueda reunir distintos planteos.
La discusión se produce en un contexto de creciente utilización de créditos, préstamos personales y financiamiento mediante plataformas digitales, especialmente entre los sectores más jóvenes.
Por ahora, el proyecto continúa en etapa de análisis parlamentario y no implica que las deudas sean eliminadas ni que pasen a ser asumidas por el Estado. La intención es crear un mecanismo para revisar situaciones de sobreendeudamiento extremo y, cuando corresponda, permitir una salida judicial que evite que una situación financiera crítica se convierta en una carga permanente.
