La votación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado dejó al Gobierno de Javier Milei frente a un escenario político más complejo. Aunque el proyecto obtuvo media sanción, el capítulo que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras fue retirado durante las negociaciones y puso en evidencia las dificultades del oficialismo para reunir los apoyos necesarios entre los distintos sectores políticos y los gobernadores.
El tratamiento de la iniciativa había demandado meses de negociaciones. Según el análisis realizado dentro de la Casa Rosada, el resultado estuvo atravesado por diferencias internas, dificultades para coordinar la estrategia parlamentaria y problemas para comunicar los alcances del proyecto.
Uno de los principales puntos de conflicto fue el denominado Capítulo III, referido al régimen de tierras. Su eliminación permitió preservar el acuerdo alcanzado con distintos bloques y evitar una derrota más amplia en el Senado. La decisión también estuvo vinculada con la necesidad del oficialismo de conservar el respaldo de una mayoría de senadores que le permitió aprobar otras iniciativas durante la actual etapa legislativa.
La discusión generó además diferencias dentro de La Libertad Avanza. Según el material, distintos sectores atribuyeron responsabilidades a funcionarios involucrados en la negociación parlamentaria. Entre los cuestionamientos aparecieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Las diferencias estuvieron relacionadas, entre otros aspectos, con la estrategia utilizada para conseguir votos y con el nivel de flexibilidad que debía adoptar el Gobierno frente a los reclamos de los bloques dialoguistas y de algunos mandatarios provinciales.
Sturzenegger, uno de los principales impulsores de las reformas económicas y regulatorias del Gobierno, quedó particularmente expuesto por su posición contraria a algunas concesiones que se analizaban para conseguir respaldo parlamentario. El artículo señala que, durante las negociaciones, existieron diferencias entre quienes buscaban flexibilizar algunos puntos del proyecto y quienes pretendían mantener la iniciativa en sus términos originales.
La discusión también volvió a poner en primer plano la relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores. Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Gustavo Sáenz, de Salta; y Rolando Figueroa, de Neuquén, estuvieron entre los mandatarios que se apartaron de la posición que impulsaba el oficialismo nacional durante el debate.
El comportamiento de estos sectores abrió interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para mantener acuerdos con las provincias de cara a los próximos proyectos legislativos. Sin embargo, dirigentes consultados para el análisis consideraron que el episodio no necesariamente anticipa una ruptura generalizada entre los gobernadores y la Casa Rosada.
Uno de los próximos desafíos será la discusión de las reformas que el Gobierno considera prioritarias. Entre ellas aparecen modificaciones vinculadas al Banco Central, un nuevo régimen de Inocencia Fiscal, cambios al régimen de inversiones, el régimen de Zona Fría y la reforma electoral.
En este último punto se concentra uno de los principales objetivos políticos del oficialismo. La posibilidad de eliminar o suspender las PASO forma parte de la agenda que el Gobierno pretende discutir con los sectores provinciales y parlamentarios antes de las elecciones de 2027.
La estrategia electoral también introduce una nueva dimensión en las negociaciones. De acuerdo con el material, dentro del oficialismo existen distintas posiciones sobre el vínculo que La Libertad Avanza debería mantener con los gobernadores: mientras algunos sectores plantean avanzar con candidaturas propias en todo el país, otros consideran necesario alcanzar acuerdos territoriales para garantizar respaldo legislativo y electoral.
En paralelo, el debate sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tuvo una fuerte repercusión en redes sociales. Distintas figuras públicas expresaron su rechazo al capítulo referido a la venta de tierras. Entre ellas estuvieron Tini Stoessel y Emilia Mernes, además de otros artistas que ya habían manifestado posiciones críticas hacia el Gobierno.
Una publicación de Tini Stoessel, en la que apareció la frase “La Patria no se vende”, fue interpretada dentro del oficialismo como una muestra del impacto que había adquirido la discusión fuera del ámbito estrictamente parlamentario. El episodio fue considerado parte de las dificultades que tuvo el Gobierno para instalar públicamente su posición sobre el proyecto.
El debate también estuvo acompañado por una movilización frente al Congreso, donde se registraron incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El material menciona la participación de organizaciones sindicales y políticas y la utilización de balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes durante los enfrentamientos.
Más allá del resultado puntual de la votación, el episodio dejó planteados varios interrogantes para el oficialismo. La necesidad de alcanzar acuerdos con gobernadores y bloques opositores será determinante para el tratamiento de las próximas reformas, especialmente aquellas vinculadas con el presupuesto y las reglas electorales.
El escenario se desarrolla además en un contexto de menor confianza en la gestión. El material cita una caída del Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella durante julio y distintos estudios de opinión que reflejan preocupación por la situación económica y una evaluación más negativa de la administración nacional.
Para la Casa Rosada, el desafío será evitar que las diferencias internas y las dificultades para construir acuerdos parlamentarios se repitan en los próximos debates. La agenda legislativa que se avecina requiere mantener el respaldo de aliados y gobernadores, al mismo tiempo que el oficialismo busca avanzar con las reformas que considera centrales para su programa de Gobierno.
