La investigación sobre el escándalo de los intermediarios de seguros durante el mandato de Alberto Fernández avanza en la Justicia y, al mismo tiempo, ciertas áreas del Gobierno realizan su propio seguimiento.
Una auditoría interna preliminar realizada por organismos gubernamentales ha revelado que el total estimado de las comisiones pagadas durante los cuatro años de Fernández ascendió a $3500 millones, sin ajuste por inflación. Esta cifra representa la suma de los pagos realizados por Nación Seguros, la empresa estatal que el Estado estaba obligado a contratar según un decreto de Fernández, a los productores privados que actuaban como intermediarios, entre los cuales se encontraban Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente, y Pablo Torres García, con vínculos en el Frente Renovador de Sergio Massa y en Pro.
¿A dónde iba la platita?
Según las estimaciones proporcionadas por una fuente oficial con acceso al informe de la auditoría, al menos $1600 millones de los $3500 millones pagados durante toda la gestión de Fernández fueron a parar a las cuentas bancarias de Bachellier SA, una empresa «satélite» de Martínez Sosa. Esta empresa se encargaba, entre otras cosas, de intermediar la póliza de Gendarmería. Según las mismas fuentes, del 15% total que representaba la comisión, aproximadamente el 12% iba a Bachellier SA y el 3% restante a Martínez Sosa.
La sociedad está registrada a nombre de Osvaldo Alfredo Tortora, un productor de 71 años que, según múltiples informantes familiarizados con las gestiones del gobierno anterior, representaba los intereses de Martínez Sosa en reuniones. Se estima que su empresa recibió alrededor de $400 millones.
Por otro lado, se estima que Pablo Torres García recibió alrededor de $160 millones. Se consultó a LA NACION sobre el monto abonado a Castello Mercuri SA, una de las firmas investigadas que se destaca por haber contribuido con cerca de US$16,000 a la campaña de Fernández en 2019, y a Fernando Salim y Guillermo Alonso, los dos corredores que cenaron en la Quinta de Olivos en 2020, pero no se proporcionó una cifra específica.
Los números elaborados hasta el momento son preliminares. El área técnica de Nación Seguros está llevando a cabo un estudio de todos los pagos realizados en los últimos 15 años y espera completar una parte del informe la próxima semana. Las oficinas gubernamentales que encontraron solicitudes de intermediación también están recopilando datos. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad declaró que se pagaron alrededor de $800 millones durante 2022 y 2023, aunque en referencia a una cifra ajustada por inflación a la póliza de diciembre del año pasado.
Por su parte, el juez federal Julián Ercolini, después de llevar a cabo una serie de allanamientos, solicitó a 27 corredores «toda la documentación relacionada con las contrataciones de seguros o acuerdos celebrados con el Estado Nacional y/o las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley N° 24.156, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 10 de diciembre de 2023», incluidos aquellos bajo la modalidad de coaseguro o reaseguro. El despacho también solicitó que se entregaran «las actuaciones de las entidades contratantes de las pólizas que se relacionen con las designaciones de productores asesores de seguros (directos u organizadores) en el marco de dichas contrataciones, y toda otra documentación que sea relevante para la investigación».
Los organismos bajo investigación
Al mismo tiempo, se solicitó a 45 dependencias estatales que entregaran toda la información relacionada con la contratación de sus seguros, antecedentes administrativos y solicitudes. No se solicitó información sobre Presidencia de la Nación, la oficina que ocupaba uno de los imputados. Esta exclusión coincide de cierta manera con los testimonios de varias fuentes, que indican que el área del presidente particularmente no tenía intermediadores, y con los documentos que se conocieron hasta ahora.
Algunas otras exclusiones, por el momento, son los ministerios de Salud, Educación, Ciencia y Tecnología, Interior y Justicia y Derechos Humanos. En las órdenes del juez comienzan a figurar empresas públicas, como la Administración General de Puertos y Dioxitek, pero no están otras más grandes como YPF o Aerolíneas Argentinas.
Las entidades requeridas incluyen el Servicio Geológico Minero Argentino, el Estado Mayor General de la Armada, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG) S.A., el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef), Radio y Televisión Argentina S.E., la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (Impsa), Corredores Viales S.A., Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A., Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes (ex-Ministerio de Turismo y Deportes), Termoeléctrica José de San Martín S.A., el Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Seguridad de la Nación, Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (Invap), Belgrano Cargas y Logística S.A., la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, el Ministerio de Economía de la Nación, la Fundación ArgenINTA, el Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte”, la Secretaría
