Endeudamiento familiar: Zigarán propone una ley para proteger los ingresos de los hogares

La diputada nacional jujeña María Inés Zigarán presentó un proyecto para crear un régimen integral de prevención y tratamiento del sobreendeudamiento. La iniciativa apunta a proteger salarios y jubilaciones, limitar embargos y débitos automáticos y establecer mecanismos para que las familias puedan reorganizar sus deudas sin poner en riesgo la cobertura de sus necesidades básicas.

El sobreendeudamiento de los hogares se convirtió en uno de los problemas económicos y sociales que atraviesan a numerosas familias argentinas. El acceso cada vez más frecuente a préstamos, tarjetas, refinanciaciones y distintas formas de crédito puede transformarse, ante la pérdida de capacidad adquisitiva o el aumento de los costos financieros, en una situación de difícil salida.

Frente a este escenario, la diputada nacional por Jujuy María Inés Zigarán, de la Unión Cívica Radical e integrante del espacio Provincias Unidas, presentó un proyecto de ley destinado a crear el “Régimen de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Personas Humanas”.

La propuesta busca abordar el problema desde una perspectiva que combine la protección de los consumidores con la responsabilidad del sistema financiero. El objetivo, según plantea la legisladora, es evitar que una persona o una familia que atraviesa una situación de endeudamiento termine comprometiendo los recursos indispensables para alimentarse, acceder a una vivienda, atender cuestiones de salud, sostener la educación de sus hijos o pagar los servicios esenciales.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la creación de un mínimo vital protegido. El proyecto establece que los procesos destinados al cobro o reestructuración de deudas no deberían avanzar sobre los ingresos necesarios para garantizar la subsistencia. Como parámetro objetivo se propone utilizar la Canasta Básica Total elaborada por el INDEC, teniendo en cuenta la composición del hogar y la región.

La medida adquiere especial relevancia para trabajadores y jubilados cuyos ingresos son afectados por descuentos, embargos o débitos automáticos. De acuerdo con el proyecto, una vez iniciado el procedimiento correspondiente, un juez podría disponer la suspensión de determinadas ejecuciones y mecanismos de descuento cuando estos comprometan el mínimo indispensable para vivir.

La iniciativa también pone el foco en la forma en que se otorga el crédito. Bancos, entidades financieras, fintech, tarjetas y comercios deberían realizar una evaluación efectiva de la capacidad de pago de quienes solicitan financiamiento. La intención es desalentar aquellas prácticas que permiten acumular préstamos y refinanciaciones sin considerar si el consumidor realmente está en condiciones de asumir nuevas obligaciones.

En caso de comprobarse un otorgamiento irresponsable del crédito o situaciones de cobranza abusiva, el proyecto contempla la posibilidad de reducir o eliminar determinados intereses moratorios y punitorios. De esta manera, se pretende evitar que una deuda inicialmente acotada se transforme, por efecto de los intereses y recargos, en una obligación prácticamente imposible de cancelar.

Otro de los cambios propuestos es la creación de una instancia de conciliación gratuita y unificada. En lugar de que una persona deba negociar individualmente con cada banco, tarjeta, financiera o acreedor, podría acceder a un procedimiento en el que todas sus obligaciones sean analizadas en conjunto. La finalidad sería establecer un plan de pagos acorde con sus ingresos reales, con plazos que podrían alcanzar los 36 o 60 meses.

El proyecto incorpora además una herramienta especialmente relevante: la denominada “segunda oportunidad”. Se trata de una alternativa destinada a aquellas personas que, pese a haber actuado de buena fe, hayan llegado a una situación de insolvencia absoluta y no cuenten con bienes realizables para afrontar sus compromisos.

En esos casos, y luego de una investigación patrimonial, podría disponerse la liberación de los saldos impagos. El espíritu de la medida es evitar que una persona quede atrapada indefinidamente en una situación de deuda que ya no tiene posibilidades materiales de cancelar y permitirle recuperar su capacidad de participar nuevamente de la economía formal.

Zigarán remarcó que la propuesta no apunta a establecer un salvataje para los deudores ni a trasladar al Estado el costo de las deudas privadas. Por el contrario, plantea que el sistema debe generar reglas claras tanto para quienes toman créditos como para quienes los otorgan.

“El sobreendeudamiento de los hogares dejó de ser un caso aislado para convertirse en una crisis que golpea la dignidad de las familias”, sostuvo la diputada jujeña al explicar los fundamentos de la iniciativa.

En esa línea, afirmó que el objetivo es “proponer una regla clara y justa: prevenir la concesión irresponsable de crédito, proteger el plato de comida en la mesa de los argentinos y dar un mecanismo ordenado para pagar lo posible y salir de la condena de la deuda perpetua”.

El proyecto también busca mantener un criterio federal. La propuesta contempla que la aplicación de los mecanismos previstos se articule a través de la justicia y de las autoridades locales de Defensa del Consumidor, respetando las autonomías provinciales. Además, plantea que no sea necesario crear nuevos organismos ni fondos estatales destinados a cancelar las obligaciones privadas.