Cristina y Máximo Kirchner: inicia el juicio por presunto lavado de dinero en Hotesur y Los Sauces

El proceso oral comienza este viernes y reunirá dos causas que investigan operaciones inmobiliarias y hoteleras de la familia Kirchner y sus vínculos con empresarios relacionados con la obra pública.

La fiscalía sostiene que esas transacciones habrían servido para encubrir el origen de fondos ilícitos. El tribunal deberá determinar si existieron delitos y qué responsabilidad le corresponde a cada acusado.

Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner afrontarán desde este viernes el juicio oral unificado por las causas Hotesur y Los Sauces. La investigación busca establecer si las sociedades vinculadas con la familia fueron utilizadas para canalizar dinero de presunta procedencia ilícita mediante contratos de alquiler, administración de hoteles y otras operaciones comerciales.

En el expediente aparecen empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, cuyas compañías mantuvieron relaciones comerciales con las firmas investigadas. La hipótesis fiscal sostiene que algunos de esos negocios permitieron transferir fondos hacia el patrimonio familiar bajo la apariencia de ingresos legítimos.

El contador Víctor Manzanares, en el medio, junto a sus abogados poco antes de ingresar a la sala de audiencias

Para Máximo Kirchner, diputado nacional, será su primer juicio oral en este expediente. Cristina Kirchner, por su parte, afrontará una nueva instancia judicial tras la condena en la causa Vialidad y el proceso por los Cuadernos.

El debate deberá establecer si las operaciones cuestionadas respondieron a actividades comerciales reales o si formaron parte de un mecanismo para ocultar el origen del dinero. Las acusaciones constituyen la hipótesis de los fiscales y no una declaración de culpabilidad.

Hotesur, el eje de los negocios hoteleros

La causa Hotesur se concentra en la actividad de establecimientos turísticos de Santa Cruz, entre ellos el hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas. La investigación puso bajo análisis su administración a través de Valle Mitre, una empresa vinculada al grupo empresario de Lázaro Báez.

Según la acusación, distintas compañías relacionadas con Báez realizaron pagos a Valle Mitre por alojamiento, uso de instalaciones y otros servicios. Posteriormente, la firma habría abonado alquileres y cánones a sociedades de la familia Kirchner.

Los fiscales cuestionaron algunas de esas operaciones porque consideran que no respondían a una lógica comercial habitual. Entre los ejemplos mencionados en el expediente figuran reservas de habitaciones para trabajadores de obras viales situadas a cientos de kilómetros de los hoteles.

El requerimiento de elevación a juicio consignó que Valle Mitre recibió $75.870.060,24 de empresas vinculadas con Báez entre 2007 y 2015, según los montos históricos incorporados a la investigación. Austral Construcciones, la principal firma del empresario, habría aportado la mayor parte de ese dinero.

La fiscalía sostiene que los recursos ingresaban a Valle Mitre y luego llegaban a las empresas familiares mediante pagos por la explotación de los establecimientos. De esa manera, según la hipótesis acusatoria, el dinero habría adquirido la apariencia de ingresos derivados de una actividad hotelera legítima.

La investigación también identificó pagos por la explotación del hotel Alto Calafate y de la hostería Las Dunas, además de operaciones vinculadas con La Aldea del Chaltén, relacionada con Los Sauces.

El tribunal deberá examinar los contratos, los servicios prestados, los movimientos financieros y la documentación contable para determinar si las operaciones fueron genuinas y si existió una maniobra de lavado de activos.

Qué se le atribuye a Cristina Kirchner

En Hotesur, la expresidenta está acusada por su participación en la sociedad familiar y por su presunta intervención en decisiones patrimoniales y societarias relacionadas con los hoteles.

Los investigadores analizaron compraventas de inmuebles, préstamos y otras transacciones con empresas vinculadas con Báez, que, según la fiscalía, habrían contribuido a financiar la adquisición de establecimientos hoteleros.

También examinaron la aprobación de balances, la designación de autoridades y la continuidad de los acuerdos con Valle Mitre. A ello se suman movimientos de fondos registrados como créditos o cuentas particulares de socios, cuya naturaleza forma parte de las cuestiones investigadas.

En Los Sauces, la acusación se centra en los alquileres que la sociedad inmobiliaria habría cobrado a empresas relacionadas con Báez y con el Grupo Indalo, perteneciente a Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Para los fiscales, algunos contratos podrían haber servido para justificar transferencias de dinero que no respondían a operaciones comerciales genuinas. La intervención de Cristina Kirchner deberá analizarse a partir de las pruebas documentales, societarias y financieras reunidas en el expediente.

La participación atribuida a Máximo Kirchner

La acusación contra Máximo Kirchner se refiere a su intervención en la administración de las sociedades familiares y en distintas operaciones inmobiliarias y financieras.

Según el requerimiento fiscal, habría participado en la adquisición de propiedades, la firma de contratos de alquiler, la gestión de cheques y otras decisiones relacionadas con las empresas investigadas.

Los fiscales también analizaron su actuación en Hotesur, la aprobación de balances y la designación de autoridades. Tras la muerte de Néstor Kirchner, en 2010, examinaron su intervención en asuntos de la sucesión y en la continuidad de los contratos vinculados con los hoteles.

En Los Sauces, la acusación lo identifica como presidente de la sociedad y le atribuye funciones en la administración de los bienes, la celebración de contratos y el manejo de fondos.

La fiscalía considera que esas actuaciones contribuyeron al funcionamiento del circuito investigado. Durante el juicio, la defensa podrá cuestionar esa interpretación y las pruebas utilizadas para sostenerla. La responsabilidad penal del diputado deberá determinarse a partir de su intervención concreta en los hechos imputados.

Los Sauces y los alquileres cuestionados

Constituida en 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, Los Sauces desarrolló actividades inmobiliarias que quedaron bajo investigación por los contratos celebrados con empresas vinculadas con empresarios beneficiados por decisiones estatales.

El expediente incluye pagos por alquileres de propiedades ubicadas en Río Gallegos, El Calafate, El Chaltén y la Ciudad de Buenos Aires. Entre los inmuebles examinados figura un dúplex en el complejo Madero Center, en Puerto Madero, ocupado por sociedades relacionadas con el Grupo Indalo.

La hipótesis fiscal sostiene que esos contratos habrían permitido transferir dinero hacia la sociedad familiar bajo la apariencia de ingresos inmobiliarios. Los investigadores también analizaron retiros de fondos por parte de los accionistas y el uso de propiedades de la firma.

A partir de esos elementos, la acusación atribuye a Cristina Kirchner un papel de conducción dentro de la presunta estructura y a Máximo Kirchner funciones de organización y administración. Esas calificaciones deberán ser evaluadas por el tribunal a la luz de las pruebas y los argumentos de las partes.

Los antecedentes judiciales y lo que deberá resolver el tribunal

En diciembre de 2024, la Corte Suprema rechazó los recursos presentados contra la continuidad del proceso, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara los sobreseimientos dictados en 2021. Florencia Kirchner, que también había sido investigada, quedó excluida del juicio porque su sobreseimiento permaneció firme.

Cristina Kirchner llega a esta instancia con una condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, vinculada con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz. Además, enfrenta el proceso por los Cuadernos.

En Hotesur y Los Sauces, el debate se concentrará en el recorrido del dinero, las condiciones de los contratos y la relación entre las sociedades familiares y las empresas de los demás acusados.

La cuestión central será determinar si las operaciones investigadas fueron negocios legítimos o si se utilizaron para ocultar fondos de origen ilícito. La sentencia deberá establecer, sobre la base de las pruebas producidas durante el juicio, si se cometieron los delitos atribuidos y qué responsabilidad corresponde a cada imputado.