La Cámara Federal de Casación Penal dio un paso clave en la causa “Vialidad” al confirmar que 19 propiedades de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner podrán ser incluidas en el decomiso dispuesto tras la condena a su madre, Cristina Fernández de Kirchner. La decisión se apoya en un criterio central: el foco no está en quién posee los bienes, sino en su origen.
El fallo de la Sala IV ratificó lo resuelto por el Tribunal Oral Federal 2 y avaló que el Estado avance sobre ese patrimonio al considerar que fue adquirido en el marco de maniobras de corrupción ya probadas en la sentencia firme. En ese contexto, los jueces entendieron que la transmisión por herencia o cesión no modifica la naturaleza de los activos si estos están vinculados a un delito.
De este modo, aun cuando los hijos de la ex presidenta no fueron condenados, el tribunal sostuvo que el decomiso no constituye una sanción penal contra ellos, sino una herramienta para recuperar bienes cuya procedencia ilícita fue acreditada judicialmente. “No se trata de castigar a los actuales titulares, sino de restituir al Estado lo que fue obtenido de manera indebida”, sintetiza el criterio que predominó en la resolución.
Las propiedades alcanzadas —muchas provenientes de la sucesión de Néstor Kirchner— quedaron bajo la lupa al ser consideradas parte del entramado económico investigado. Según los magistrados, cuando un tercero recibe bienes de forma gratuita que provienen de un delito, la ley habilita que también sean objeto de decomiso.
El artículo 23 del Código Penal respalda esta interpretación al permitir avanzar sobre activos en manos de terceros, salvo en casos de adquisición de buena fe y a título oneroso, condición que —según el fallo— no se verifica en este caso.
La defensa de Máximo y Florencia Kirchner había cuestionado la medida al sostener que se vulneran el derecho de propiedad y el principio de inocencia, al tratarse de bienes heredados de manera legítima. Sin embargo, Casación descartó esos argumentos y remarcó que el análisis se limita a la relación entre los bienes y el delito, sin atribuir responsabilidad penal a sus actuales titulares.
Con esta decisión, la Justicia avanza en la ejecución del decomiso, que busca recuperar para el Estado una suma millonaria fijada en la causa. El expediente, no obstante, aún podría escalar a la Corte Suprema, en medio de un debate que combina aspectos jurídicos, patrimoniales y políticos.
