El gobierno argentino endureció su posición con Venezuela. No sólo desconoció la “legitimidad” del segundo mandato del presidente Nicolás Maduro, sin que además adopto una serie de medidas para impedir el ingreso al país de funcionarios del régimen chavista.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino sostuvo que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, es “el único órgano democráticamente electo en dicho país».
En línea con el resto de países del Grupo de Lima, Argentina suspendió el acuerdo de exención de visados para pasaportes diplomáticos y oficiales, y prohibió la entrada al país de «integrantes de alto nivel del régimen venezolano».
El gobierno también señaló que la Unidad de Información Financiera emitirá un alerta al sector financiero y bancario sobre los riesgos de realizar operaciones con empresas públicas venezolanas o controladas por el Estado caribeño.
En el texto, la Cancillería resaltó que «continuará denunciando las violaciones de derechos humanos, tal como se ha venido haciendo desde la asunción del Gobierno por parte del Presidente Mauricio Macri».
El Ejecutivo recordó que, «consecuente con esta posición», solicitó junto a otros países a la Corte Penal Internacional el inicio de una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, promovió su suspensión del Mercosur y defendió la aplicación de la Carta Democrática dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el plano bilateral, Argentina solo cuenta en Caracas como representante con un encargado de negocios, y ha suspendido las negociaciones comerciales y «los mecanismos de diálogo político».
El último párrafo del Ministerio de Exteriores argentino destaca que el país ha acogido «con los brazos abiertos» a más de 130.000 inmigrantes venezolanos, «que escapan de crisis política, económica y humanitaria que vive su país, retribuyendo el apoyo que Venezuela diera a los exiliados argentinos durante la última dictadura militar».
