Una pericia complica a los acusados de la violación en manada de una menor en Florencio Varela.
Las muestras de semen encontradas dentro de la víctima serán cotejadas con sangre de los nueve detenidos por el ataque sexual en el barrio Santa Rosa. Queda un prófugo que todavía es buscado. La fiscalía se prepara para pedir la prisión preventiva.
Por Federico Fahsbender
Miki, de 17 años, denunció a principios de este mes que una manada de diez varones la violó por turnos durante una previa en una casa del barrio Santa Rosa de Florencio Varela. Llegó hasta la Comisaría 1° de la jurisdicción tras el hecho, contó lo que ocurrió, fue contenida por un gabinete psicológico, un equipo de médicas la revisó. Con hisopos, extrajeron muestras de sus orificios. Mientras tanto, una psicóloga la consideró apta para declarar a pesar de su estado de shock.
Una causa por abuso agravado por acceso carnal comenzó en la UFI N°8 de Florencio Varela, a cargo de la Claudia Brezovek. Miki se presentó con su hermano en la fiscalía, repitió su relato. Los nombres de quienes señaló como sus agresores no volvieron de inmediato a su cabeza, apenas sabía quiénes eran, conocidos de su hermano de cuando iba a la primaria en una escuela de la zona. Los nombres llegaron después: Laureano y Octavio Coria (en la fotografía), Alan Gabriel Lazarte, Eric y Alexander Krich, los dueños de la casa donde ocurrió la fiesta, Nicolás Barreto, Matías Lamboglia, todos chicos del Santa Rosa, de 18 a 24 años de edad. También un menor, P., de apenas 14 años.
Así, la UFI N°8 pidió sus arrestos: hubo nueve detenidos en total, entre ellos el menor, que quedó en manos del fiscal de responsabilidad juvenil Marcelo Cipollone. Queda un prófugo por encontrar, Nehemías Fernández, todavía buscado bajo pedido de captura, que habría ido a refugiarse a una provincia del noroeste del país.
En paralelo, Miki difundió a través de Facebook un pequeño video en donde relató lo que sufrió. «Grabo este video para que las mujeres eviten lo que me pasó a mí», dijo al empezar, sentada en una cama, mirando a un celular que no era suyo. Comenzó a dar nombres, señaló a los Coria, al menor P.
Miki todavía vivía en el rancho de paredes de chapa de su tía, que se dedica al cirujeo en un carro tirado por un caballo flaco, un rancho que compartía con otros seis primos, a donde había llegado tras vivir varios meses en un hogar de menores de la zona junto a su bebé de dos años. El padre de ese bebé, según ella, es su padrastro. Su padre biológico murió. Su madre la abandonó hace años.
Tras publicar el video, mientras las familias de los acusados miraban de reojo desde las veredas de sus casas en el Santa Rosa hechas de material revocado y con aire acondicionado, Miki se vio forzada a abandonar el rancho de chapa de su tía para esconderse en una casilla que se había incendiado meses atrás, propiedad de la madre de una amiga. La habían amenazado.
Una mujer adulta, supuestamente la madre de uno de los detenidos, le envió dos audios a través de Facebook. «Agarrá y aclará mamita, declará», le invitó. «Si no querés que vaya a la comisaría y te denuncie por falso testimonio más te vale que elimines todo lo que pusiste en Facebook», le dijo la mujer, con la voz retorcida, que le aseguraba que le iba a «partir el alma». «Pará mamita, ¿qué te pasó que estás pelotuda? ¿Por qué te drogaste esa noche, mogólica, y te dejaste coger por diez guachos?», la increpó.
Mientras tanto, cerca de la casilla incendiada, de donde rara vez salía, contenida por la madre de su amiga, Miki tenía un nuevo vecino: el padrastro que la violó y embarazó. Allí fue donde Infobae la encontró, dos semanas atrás. «Antes tenía que callarme», dijo: «Pero ahora aprendí a hablar».
Los comentarios le llegaban. Vecinos que hablaban en voz baja, que la trataban de «zorra», de «puta», que la cuestionaban, en un barrio Santa Rosa que no repudiaba a sus varones, que no corría a incendiarles las casas, que no marchaba ni colgaba pancartas.
Hoy, más de 20 días después de la denuncia, la Justicia llega a una prueba clave para apoyar su relato.
Las muestras que se extrajeron mediante hisopos del cuerpo de la menor fueron remitidas a la Superintendencia de Policía Científica de la provincia. Los resultados de los tests químicos llegaron a la UFI N°8 a mediados de esta semana: los análisis confirmaron sin margen de duda la presencia de semen dentro del cuerpo de Miki gracias a un resultado positivo en la detección de antígeno prostático.
Este primer test es un avance clave en la causa. No solo convalida en parte su relato: ahora, estas muestras serán cotejadas con sangre de los nueve detenidos, que continúan encerrados hasta hoy en una dependencia policial de Florencio Varela, para determinar si ese semen encontrado les corresponde, lo que podría sellar su suerte frente a un tribunal. En los hisopados no solo se encontró semen, también se detectó la presencia de sangre.
Mientras tanto, la UFI N°8 se prepara para pedir la prisión preventiva de los nueve detenidos en algún punto de la semana que viene.
Miki, por su parte, comienza a recibir ayuda. Abogadas feministas se comunicaron con su familia y la orientaron, recibe asistencia psicológica. El juez de garantías del caso se entrevistó con ella; se determinó que sea tratada como una víctima de violencia de género.
Visitó ayer por la mañana la fiscalía del caso junto a su medio hermano, que es poco más que un adolescente en edad, su principal apoyo en todo el proceso. Las investigadoras de la causa le pidieron que diga si sabe quién es que la amenazó cobardemente tras hacer su denuncia para así poder investigarla.
Miki no supo decirlo, o no quiso, tal vez por miedo.
Las amenazas que recibió, por ahora, continúan impunes.
