Facundo Leal es investigado por presuntas coimas y el direccionamiento de contrataciones en la empresa estatal.
La Justicia también detectó graves fallas de seguridad en un depósito donde se almacenaban equipos destinados a extender la red de Internet en el país.
El ex titular de ARSAT, Facundo Leal, fue procesado en una causa por presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa estatal de telecomunicaciones. Durante allanamientos en dos propiedades vinculadas con el exfuncionario, la Justicia secuestró USD 2.601.354 en efectivo, además de otras monedas y documentación relacionada con la investigación.
La resolución fue dictada por el juez federal Lino Mirabelli, quien investiga un presunto esquema de direccionamiento de contrataciones y pago de sobornos para favorecer a una empresa privada encargada de almacenar y custodiar equipos de ARSAT.
En un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo se encontraron USD 813.754, teléfonos celulares, computadoras, documentación y dinero en distintas monedas. En una segunda propiedad, situada en Mendoza, se secuestraron otros USD 1.787.600.
El origen de esos fondos es objeto de una investigación paralela por presunto enriquecimiento ilícito. Leal también cumple arresto domiciliario en otra causa vinculada con drogas.
Contrataciones bajo sospecha
La investigación se centra en el proyecto Shelter 2, desarrollado en el marco del plan Argentina Conectada, que buscaba ampliar la Red Federal de Fibra Óptica para extender el acceso a Internet de banda ancha en todo el territorio nacional.
El proyecto contemplaba la instalación de 250 shelters, estructuras destinadas a alojar equipos de telecomunicaciones. Parte de ese material quedó bajo la custodia de Argentina Logistic Services SA (ALS), empresa contratada para prestar servicios de almacenamiento.
Según la resolución judicial, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024, Leal y otros tres exintegrantes de ARSAT habrían intervenido irregularmente en contrataciones con esa firma. Entre los procesados se encuentra Gerardo Boschin, quien se desempeñaba como segundo de Leal.
El expediente identifica 16 órdenes de compra vinculadas con los servicios de ALS. Por esas contrataciones, ARSAT pagó USD 1.695.667,44 y $32.210.287,09.
Para el juez, existen indicios de que las operaciones habrían sido direccionadas para beneficiar a la empresa y a sus directivos mediante posibles ventajas patrimoniales indebidas.
Robos y fallas de seguridad
Otro eje de la causa es el almacenamiento de los equipos en un predio de San Fernando, donde se registraron robos y deterioro del material.
Entre los elementos sustraídos había componentes de cobre valuados en miles de dólares. Los hechos investigados ocurrieron entre el 21 de diciembre de 2023 y el 4 de enero de 2024.
Las declaraciones incorporadas al expediente describen graves deficiencias en las instalaciones. Las cámaras de seguridad no permitieron recuperar las grabaciones del período investigado, mientras que el cerco perimetral electrificado estaba fuera de servicio y presentaba cortes.
Un testigo relacionado con la instalación del sistema de vigilancia declaró que se habían colocado 25 cámaras, pero que la empresa no había contratado un servicio de mantenimiento y seguimiento.
También se señalaron problemas en el almacenamiento de los shelters. Algunos equipos estaban apoyados sobre tacos de madera, sus puertas no podían cerrarse correctamente y no estaban energizados, lo que impedía su monitoreo por parte de ARSAT.
Un técnico de la empresa estatal sostuvo que el galpón no era adecuado para conservar ese tipo de equipamiento.
La investigación continúa
En su resolución, de 182 páginas, Mirabelli consideró que la selección de ALS se habría realizado sin verificar debidamente su capacidad para cumplir con los servicios contratados. También señaló indicios de negociaciones irregulares entre funcionarios y particulares, presuntamente vinculadas con el pago de sobornos.
La Justicia busca determinar si las contrataciones permitieron obtener beneficios indebidos con recursos públicos y si las deficiencias de seguridad facilitaron los robos y el deterioro de los equipos.
El procesamiento será revisado por la Cámara Federal de San Martín. La medida no constituye una condena y las responsabilidades penales deberán establecerse a partir de las pruebas y de las instancias judiciales pendientes.
En paralelo, continuará la investigación sobre el origen de los USD 2,6 millones encontrados en las propiedades de Leal.
