Una jubilada estuvo 35 días presa por intentar llevarse alimentos de un supermercado: “Tenía la heladera vacía”

Estela Chávez

Estela Chávez tiene 67 años, cobra la jubilación mínima y asegura que actuó por desesperación porque no tenía qué comer.

Tras pagar una fianza de $150.000 recuperó la libertad, aunque deberá presentarse cada 15 días ante la Justicia mientras continúa abierta la causa.

La historia de Estela Chávez expone una dramática situación social. Tiene 67 años, vive en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y pasó 35 días detenida después de intentar llevarse alimentos de un supermercado sin pagarlos. Según contó, tomó esa decisión porque atravesaba una situación económica límite y no tenía comida en su casa.

“Lo hice por desesperación. No tenía nada en mi casa, tenía la heladera vacía y estoy cobrando la mínima. No tengo ni para comer”, relató durante una entrevista televisiva, en la que reconstruyó lo sucedido y describió las dificultades que enfrenta para llegar a fin de mes.

Durante gran parte de su vida trabajó en casas particulares, realizó tareas de limpieza y también se desempeñó en el mantenimiento de un club náutico. Crio sola a sus seis hijos después de que su marido abandonara el hogar y, con mucho esfuerzo, consiguió sostener a su familia. Sin embargo, asegura que nunca había atravesado una situación de tanta necesidad.

El episodio ocurrió el 9 de octubre, alrededor de las 20.30, en un supermercado del barrio porteño de Núñez. Estela ingresó con la intención de conseguir alimentos para preparar un guiso y compartirlo con su nieta y una de sus hijas, que está enferma.

Como no tenía dinero suficiente para comprarlos, escondió debajo de su ropa dos bandejas de fiambre, un paquete de salchichas y un corte de carne envasado al vacío. Pero antes de llegar a salir del establecimiento fue interceptada por empleados y efectivos policiales, que habían advertido sus movimientos a través de las cámaras de seguridad.

“Cuando llegué a la caja me dijeron que me sacara la campera y me encontraron todo. Les pedí que me dejaran ir. Les dije que no había tocado alcohol ni cosas de higiene, solamente quería comida”, recordó.

La mujer reconoció que lo que hizo estuvo mal, aunque insistió en que actuó en un momento de desesperación. “No tengo vergüenza y lo digo frente a frente porque fue un momento de desesperación. Así como me pasó a mí, no me gustaría que le pase a ningún jubilado más”, expresó.

35 días detenida y una fianza para recuperar la libertad

Después de la detención, Estela fue trasladada a la Alcaidía N° 15 de Chacarita, donde permaneció alojada durante 35 días junto a otras mujeres. La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 25, a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini.

El 26 de octubre se dispuso su prisión preventiva, decisión que, según la información difundida, tuvo en cuenta un antecedente similar registrado durante 2025. Finalmente, pudo regresar a su casa después de que uno de sus hijos consiguiera los $150.000 necesarios para pagar la fianza.

Durante su permanencia en la alcaidía atravesó problemas de salud. Según contó, sufrió vómitos y un cuadro viral que obligó a trasladarla a un hospital, donde recibió suero.

“La pasé muy mal. Tuve un virus por la comida que nos daban ahí adentro”, relató. También cuestionó las dificultades que encontraba para recibir atención médica y recordó que debía insistir para que la trasladaran cuando se sentía mal.

Pese a las circunstancias, destacó el acompañamiento que recibió de las otras detenidas. Aseguró que construyó un vínculo afectuoso con ellas y que su despedida estuvo marcada por la emoción.

Una jubilación que no alcanza para vivir

La principal preocupación de Estela sigue siendo su situación económica. Se jubiló mediante una moratoria previsional, después de haber trabajado durante años sin reunir los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Según explicó, sus ingresos apenas alcanzan para cubrir los medicamentos y los servicios de su vivienda. Detalló que destina alrededor de $150.000 al pago de luz, agua y tasas municipales, por lo que prácticamente no le queda dinero para otros gastos.

Además, tiene hipertensión y gastritis, dos problemas de salud que requieren medicación. Si bien en algunas ocasiones consigue muestras gratuitas a través de su médica, cuando no están disponibles debe comprarlas con sus propios recursos. También necesita un aparato auditivo que no puede afrontar económicamente.

“Si no pago los impuestos me quedo en la calle”, explicó al describir cómo distribuye sus ingresos y las dificultades que enfrenta para cubrir las necesidades básicas.

Desde que recuperó la libertad recibió ayuda de vecinos y personas que conocieron su historia a través de los medios de comunicación. Esa solidaridad le permitió contar con alimentos durante los primeros días en su casa.

Sin embargo, la situación judicial todavía no terminó. Estela deberá presentarse cada 15 días ante el juzgado durante los próximos cinco meses y tiene una restricción que le impide acercarse a menos de 300 metros del supermercado donde ocurrió el episodio.

A pesar de sus 67 años, asegura que todavía está en condiciones de trabajar y que necesita una oportunidad para generar ingresos propios. Está dispuesta a realizar tareas de limpieza o cualquier actividad que le permita sostener su hogar.

“Me siento capacitada para hacer algo. Si me dan trabajo para limpiar, para ayudar, lo que sea, quiero tener mi dinero y llevar mi casa adelante”, manifestó.

Y dejó una reflexión sobre lo que vivió: “Después de lo que me pasó no voy a robar más. Prefiero tomar mate, pero necesito que me ayuden a salir adelante”.

Su testimonio volvió a poner en primer plano las dificultades que atraviesan muchos adultos mayores cuyos ingresos previsionales no alcanzan para cubrir necesidades elementales. En el caso de Estela, la falta de recursos para comprar alimentos terminó convirtiéndose en un episodio judicial que, aun después de recuperar la libertad, sigue condicionando su vida cotidiana.

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