El borrador del proyecto incorpora cambios en las candidaturas, habilita un nuevo sistema limitado de listas colectoras y establece restricciones para postulantes con condenas por delitos dolosos.
La iniciativa comenzará a debatirse en el Senado, donde el oficialismo deberá negociar con gobernadores y bloques aliados para conseguir los votos.
El Gobierno de Javier Milei prepara una reforma electoral que introduce modificaciones importantes en el sistema de selección de candidatos y en las reglas que regulan las elecciones nacionales. El último borrador del proyecto contempla suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante 2027, incorporar un nuevo mecanismo de adhesión entre listas y establecer un régimen de Ficha Limpia.
La iniciativa, que todavía está sujeta a modificaciones, contiene 20 artículos y combina disposiciones permanentes con medidas excepcionales para el próximo proceso electoral. La Casa Rosada está dispuesta a revisar algunos puntos para conseguir los acuerdos parlamentarios necesarios, especialmente aquellos vinculados con las listas colectoras, uno de los aspectos que generó mayores cuestionamientos.
El debate comenzará en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde La Libertad Avanza buscará avanzar con un dictamen para llevar el proyecto al recinto antes de finalizar noviembre. El cronograma contempla como fecha tentativa el 26 de noviembre para su tratamiento, aunque dependerá de las negociaciones políticas.
Las PASO se suspenderían solamente para 2027
Uno de los principales puntos del proyecto es la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027. A diferencia de propuestas anteriores, el borrador no plantea su eliminación definitiva, sino una interrupción excepcional durante el próximo turno electoral.
De esta manera, el sistema de primarias continuaría vigente en la legislación y podría volver a utilizarse en elecciones posteriores, salvo que el Congreso apruebe una modificación permanente.
Si la suspensión prospera, los partidos políticos deberán definir sus candidatos mediante los mecanismos establecidos en sus respectivas cartas orgánicas y reglamentos internos. Esto significa que cada agrupación tendrá que resolver sus postulaciones sin recurrir a una primaria nacional obligatoria.
El texto también establece nuevas condiciones para oficializar candidaturas. Cada agrupación podrá presentar una sola lista por categoría y los candidatos no podrán competir simultáneamente por diferentes partidos ni postularse para más de un cargo electivo.
Se mantiene, además, el principio de paridad de género, con integración alternada de mujeres y varones en las nóminas.
Un nuevo sistema de listas colectoras
Otro de los capítulos centrales contempla una modalidad de adhesión electoral que permitiría que una misma fórmula presidencial sea acompañada por dos agrupaciones políticas diferentes, cada una con sus propias listas de candidatos a diputados y senadores nacionales.
El mecanismo está pensado para facilitar acuerdos entre La Libertad Avanza y fuerzas provinciales que podrían respaldar una eventual candidatura presidencial de Milei en 2027, pero que pretenden conservar su identidad partidaria y presentar postulantes propios para el Congreso.
La propuesta establece que la fórmula presidencial aparecerá en dos columnas contiguas de la Boleta Única de Papel. Cada una estará vinculada con una agrupación y su correspondiente nómina legislativa.
La posibilidad de establecer estos acuerdos estará sujeta a condiciones y autorizaciones previas de la Justicia Electoral. Además, no se permitirá una multiplicidad de adhesiones: el sistema tendrá un límite de dos agrupaciones por distrito.
La iniciativa despertó objeciones incluso dentro de sectores vinculados al oficialismo. Gerardo Milman, dirigente cercano a Patricia Bullrich, cuestionó la constitucionalidad del mecanismo para la elección de senadores nacionales, al considerar que podría afectar el sistema de representación de mayorías y minorías establecido en la Constitución.
Las dudas también están relacionadas con la distribución de bancas. El borrador establece que los votos obtenidos por las listas legislativas de cada agrupación se contabilizarán por separado, una disposición que podría generar dificultades cuando dos fuerzas compartan una misma candidatura presidencial.
Frente a estos cuestionamientos, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de modificar la redacción durante el tratamiento en comisión para evitar conflictos y facilitar el respaldo de los legisladores aliados.
Ficha Limpia y restricciones para las candidaturas
La reforma incorpora también un régimen de Ficha Limpia que impediría presentarse a elecciones nacionales a personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia.
La restricción tendría una condición temporal: la confirmación judicial deberá producirse antes del 31 de diciembre del año anterior a la elección. Cuando la sentencia se confirme durante el año electoral, sus efectos comenzarían una vez finalizado ese proceso.
El proyecto contempla la creación de un Registro Público de Ficha Limpia bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral. Los tribunales deberán comunicar las sentencias comprendidas en la normativa dentro de las 24 horas de su notificación.
La presentación de recursos judiciales no suspenderá automáticamente la prohibición para competir electoralmente.
El régimen también alcanzaría a determinadas designaciones en la administración pública nacional, incluidos ministerios, secretarías, organismos descentralizados y empresas con participación estatal.
Cambios en la publicidad y los debates presidenciales
El borrador incorpora modificaciones en las normas sobre publicidad electoral. La propuesta habilita la difusión de mensajes políticos en televisión, radio, medios gráficos, internet, telefonía y vía pública, incluso fuera de los plazos generales de campaña.
También plantea modificar el régimen de debates presidenciales. La Cámara Nacional Electoral podría organizar un debate entre los candidatos que lleguen a una segunda vuelta, dentro de los diez días anteriores a la votación, pero su realización dejaría de ser obligatoria.
Otro de los aspectos contemplados es la representación argentina en el Parlamento del Mercosur. Hasta que se establezca una fecha común para la elección directa de sus integrantes, los representantes nacionales serían designados entre legisladores, respetando la proporción de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados. No percibirían una remuneración adicional por esa función.
Las negociaciones políticas definirán el futuro del proyecto
La discusión de la reforma estará atravesada por las negociaciones que el oficialismo mantiene con los gobernadores y los bloques legislativos que pueden aportar los votos necesarios para su aprobación.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participa de las conversaciones con los mandatarios provinciales, mientras que Patricia Bullrich tiene un papel central en la búsqueda de acuerdos dentro del Senado, donde preside el bloque de La Libertad Avanza.
Algunos sectores provinciales ven con interés el nuevo esquema de adhesiones porque les permitiría acompañar una candidatura presidencial sin resignar sus propias listas legislativas. Sin embargo, las objeciones sobre el funcionamiento de las colectoras y el reparto de bancas obligan al Gobierno a revisar algunos aspectos del texto.
La iniciativa representa un intento de modificar las reglas electorales de cara a 2027, con cambios en la selección de candidatos, las alianzas políticas y los requisitos para competir por cargos públicos.
Por ahora, el borrador constituye una propuesta de trabajo y no una reforma aprobada. Su alcance definitivo dependerá de las modificaciones que se introduzcan durante el debate parlamentario y de la capacidad del oficialismo para reunir los consensos necesarios en el Congreso.







