El debate oral y público comienza este jueves 12 de noviembre. La investigación sostiene que, entre enero y agosto de 2024, parte de los pagos realizados por vecinos para regularizar infracciones habría terminado en cuentas bancarias particulares y billeteras virtuales.
Ocho personas deberán enfrentar desde este jueves un juicio oral y público en los Tribunales de Jujuy, en el marco de una causa que investiga un presunto desvío de fondos provenientes del cobro de multas del Juzgado Contravencional N.º 1 de San Salvador de Jujuy.
La investigación, encabezada por el fiscal especializado en Delitos contra la Administración Pública, Diego Funes, busca determinar el destino del dinero que los vecinos abonaban para regularizar infracciones. Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación (MPA), entre enero y agosto de 2024 se habrían implementado mecanismos para recibir esos pagos por fuera de los canales oficiales.
De acuerdo con la acusación, a las personas que buscaban cancelar sus multas se les ofrecían dos alternativas: realizar el pago correspondiente o efectuar una donación a una institución pública. Sin embargo, parte del dinero habría sido transferido a cuentas bancarias particulares o billeteras virtuales. En otros casos, los cobros se habrían realizado en efectivo sin dejar constancia en los registros oficiales.
La Fiscalía también sostiene que se habrían adulterado actas y legajos para simular la cancelación de las infracciones y que, en la mayoría de los casos, la documentación habría sido destruida. Estas maniobras formarían parte de un presunto mecanismo destinado a ocultar el origen y el destino de los fondos.
Seis de los ocho acusados enfrentan cargos por asociación ilícita, fraude a la administración pública y lavado de activos agravado por la condición de funcionario público, en concurso real. De los dos restantes, uno está acusado de asociación ilícita y el otro de fraude a la administración pública.
En el marco de la causa, tres imputados reconocieron su participación en los hechos y acordaron juicios abreviados con la Fiscalía. Esos acuerdos ya fueron homologados por la Justicia.
Uno de los principales acusados es un ex policía que posteriormente cumplió funciones administrativas en el Juzgado Contravencional N.º 1. Actualmente, cumple una condena firme de siete años de prisión por chantaje, uso de documento falso y estafa procesal, en una causa diferente.
El MPA informó además que el acusado declaró como imputado colaborador durante la investigación por el presunto desvío de las multas. Sin embargo, el organismo señaló que sus dichos no aportaron elementos relevantes y que todavía no fueron corroborados.
