La investigación por presuntas maniobras de corrupción en la empresa estatal ARSAT atraviesa una instancia clave. Luego de que el expediente volviera a quedar bajo secreto de sumario, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, deberá resolver en los próximos días si hace lugar al pedido de la fiscalía y convoca a declaración indagatoria a una decena de exfuncionarios y exdirectivos vinculados a la compañía.
La causa, que inicialmente se originó a partir de una denuncia por el presunto robo de equipamiento tecnológico perteneciente a la empresa satelital, amplió su alcance con el avance de las medidas de prueba. Los investigadores comenzaron a poner bajo la lupa distintos procesos de contratación y licitaciones realizadas durante la gestión anterior.
Entre los principales apuntados se encuentran el ex presidente de ARSAT, Facundo Leal, y el ex gerente de Compras de la compañía, Gerardo Boschin. La fiscalía les atribuye posibles delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y otras conductas vinculadas con presuntos hechos de corrupción administrativa.
El impacto de la detención de Leal
La investigación tomó un giro inesperado tras los allanamientos realizados en distintos domicilios de Facundo Leal. Durante los procedimientos, ordenados en el marco de la causa principal, se hallaron sustancias estupefacientes y una importante suma de dinero en efectivo.
Por la tenencia de drogas, Leal ya fue indagado. Según trascendió, sostuvo que las sustancias encontradas eran para consumo personal y optó por no responder preguntas de los investigadores.
Sin embargo, uno de los puntos que más atención genera en la Justicia es el origen de los fondos secuestrados durante los operativos.
Más de USD 2,5 millones bajo análisis
En el departamento que Leal ocupaba en el barrio porteño de Palermo fueron encontrados más de 800 mil dólares, además de pesos argentinos y otras monedas extranjeras.
A ello se sumó otro hallazgo en una propiedad ubicada en Mendoza, donde los investigadores secuestraron cerca de 1,8 millones de dólares en efectivo, además de documentación, un teléfono celular y un cuaderno con anotaciones.
En total, los allanamientos permitieron incautar más de 2,5 millones de dólares, una cifra cuyo origen aún no fue explicado y que forma parte de las líneas de investigación abiertas por la Justicia.
La decisión que espera la causa
Con el expediente nuevamente bajo secreto de sumario, el juzgado busca preservar nuevas medidas de prueba antes de avanzar con definiciones procesales.
La próxima resolución de Mirabelli será determinante para el futuro de la investigación. Si acepta el planteo del fiscal Fernando Domínguez, varios exfuncionarios deberán comparecer ante la Justicia para responder por las acusaciones formuladas en el expediente.
La convocatoria a indagatoria no implica una condena ni un procesamiento, pero constituye un paso relevante dentro del proceso penal, ya que supone que el juez considera que existen elementos suficientes para escuchar formalmente a los imputados y garantizar su derecho de defensa.
Mientras tanto, la causa continúa sumando capítulos y mantiene el foco sobre la gestión de una de las empresas estratégicas del Estado nacional.
