Aunque ya había sido apartado del expediente, el juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, rechazó el pedido de detención contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de activos impulsada por el fiscal Pedro Simón.
La decisión se produjo el mismo día en que la Cámara Federal de Tucumán había resuelto apartarlo del caso, tras hacer lugar a un planteo de recusación. Según fuentes judiciales, al momento de firmar la resolución, el magistrado aún no había sido notificado formalmente de esa medida.
En su fallo, Argibay no solo desestimó el pedido de detención, sino que además declaró la incompetencia del Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero para continuar con la investigación y remitió el expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
El fiscal Simón había solicitado avanzar penalmente contra las autoridades de la AFA y su entorno, al sostener la existencia de una presunta maniobra de lavado de dinero vinculada a defraudación, evasión impositiva y operaciones cambiarias irregulares. En su dictamen, reconstruyó supuestos vínculos empresariales, movimientos de fondos y facturación cruzada que, según su hipótesis, habrían servido para canalizar dinero hacia empresas relacionadas con Toviggino.
Sin embargo, el juez consideró que el planteo fiscal no cumplía con los requisitos mínimos para habilitar una investigación penal. En una resolución extensa, sostuvo que existía una “ausencia de un hecho concreto y específico” que permitiera delimitar el delito, y calificó la hipótesis como “genérica, alternativa y difusa”, sin una identificación clara del ilícito precedente necesario para sostener una acusación por lavado de activos.
Uno de los puntos más sensibles del expediente fue el vínculo indirecto entre la causa y una operación inmobiliaria en la que habría participado una hija del propio juez. Ese elemento fue determinante para que la Cámara de Tucumán avalara su apartamiento, al considerar que podía existir un conflicto de intereses en la investigación.
Por el momento, no está del todo claro si la resolución de Argibay fue firmada antes o después de que quedara formalmente fuera del caso, lo que podría abrir nuevas discusiones judiciales sobre la validez de su decisión. Mientras tanto, el expediente continuará su curso en los tribunales federales de Campana.
