La causa judicial que investiga al empresario Marcelo Porcel por presuntos abusos sexuales contra menores sumó en las últimas horas nuevas medidas de protección para las víctimas. Mientras el imputado ya fue incorporado al sistema de monitoreo con tobillera electrónica, los diez adolescentes que lo denunciaron recibieron botones antipánico para actuar ante cualquier situación de emergencia.
Los dispositivos fueron entregados por la Policía de la Ciudad en los domicilios de los jóvenes. Se trata de teléfonos equipados con una aplicación especial que permite emitir una alerta inmediata y compartir la ubicación en caso de riesgo.
La colocación de la tobillera electrónica sobre Porcel, en cambio, registró una demora que generó preocupación entre las familias y la querella. Según trascendió, la implementación del dispositivo dependía de la remisión de información específica requerida por las autoridades encargadas de ejecutar la medida, entre ella el domicilio del imputado y los parámetros de restricción de acercamiento.
Ante esa situación, el abogado de las víctimas presentó escritos solicitando celeridad en el cumplimiento de la resolución judicial, al considerar que la orden de colocación debía haberse concretado pocos días después de ser dictada.
Procesamiento confirmado y nuevas medidas de control
La semana pasada, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de Porcel en una causa en la que está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por aprovechamiento de una situación de guarda, además de corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de menores sin consentimiento.
De acuerdo con la investigación, los hechos habrían tenido como víctimas a diez adolescentes de entre 11 y 15 años. Los testimonios obtenidos durante el proceso fueron considerados consistentes por los magistrados, quienes destacaron la coherencia de los relatos y la existencia de indicadores compatibles con situaciones de abuso.
No obstante, el tribunal resolvió que el empresario continúe en libertad mientras avanza la causa. Para ello valoró que cuenta con arraigo, domicilio estable, actividad laboral conocida y que no registra incumplimientos de las restricciones que ya le habían sido impuestas.
Como contrapartida, se dispusieron medidas de control más estrictas destinadas a garantizar la seguridad de las víctimas. Entre ellas, la utilización obligatoria de una tobillera electrónica para monitorear los movimientos del imputado y la entrega de sistemas de alerta a los denunciantes para prevenir cualquier acercamiento prohibido.
Extracción de ADN
En otra resolución vinculada al expediente, la Justicia también confirmó la extracción compulsiva de ADN de Porcel para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con investigaciones criminales.
La defensa había cuestionado la medida por considerar que afectaba derechos constitucionales y que solo podía aplicarse a personas con condena firme. Sin embargo, los jueces sostuvieron que la normativa vigente habilita la incorporación de perfiles genéticos de imputados y procesados, y señalaron que se trata de una herramienta de identificación comparable a la toma de huellas dactilares.
Mientras tanto, la investigación continúa su curso y las medidas de protección permanecen vigentes para resguardar a los adolescentes denunciantes y sus familias.
