Andrea Benítez, jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, fue sorprendida por fiscales mientras rompía documentación relacionada con las inversiones del expresidente paraguayo.
La mujer quedó imputada por frustración de la ejecución penal, en el marco de una investigación por el colapso de la entidad financiera.
Una ejecutiva de Ueno Casa de Bolsa fue detenida en Asunción, Paraguay, luego de que fiscales la sorprendieran destruyendo documentos que contendrían información sobre operaciones bursátiles vinculadas al expresidente Santiago Peña, quien permanece bajo prisión preventiva por la causa que investiga el colapso de Ueno Bank.
Se trata de Andrea Benítez, jefa de Operaciones de la firma, quien fue interceptada durante un procedimiento encabezado por los fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta. En un basurero del establecimiento, los investigadores encontraron hojas rasgadas que, según las primeras verificaciones, habrían sido impresas esa misma mañana, pocos minutos antes del ingreso de los funcionarios judiciales.
La documentación recuperada contenía, entre otros datos, direcciones de correo electrónico de personas que ocuparon cargos relevantes en distintas empresas del Grupo Vázquez, propietario del conglomerado financiero.
Benítez quedó imputada por el presunto delito de frustración de la ejecución penal. El Ministerio Público explicó que el procedimiento forma parte de las actuaciones destinadas a reunir y preservar elementos de interés para esclarecer los hechos investigados.
Allanamientos en las propiedades de Peña y Carvallo
En paralelo, los fiscales realizaron allanamientos en las viviendas del expresidente Santiago Peña y del ex titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, ambos imputados en la investigación.
Los operativos se sumaron a la inspección realizada un día antes en una residencia de verano de Peña, ubicada en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción. Allí fueron incautadas computadoras, documentación y un teléfono celular. También se detectó una bóveda de seguridad oculta, cuya apertura quedó pendiente hasta contar con el equipamiento técnico necesario.
Peña fue destituido mediante un juicio político el 6 de noviembre, con el voto de los 44 senadores presentes. Tras perder los fueros que le correspondían por su condición de expresidente, fue detenido en su domicilio. Carvallo, por su parte, se entregó a la Policía el 7 de noviembre.
La investigación por los fondos públicos
De acuerdo con la imputación fiscal, entre 2023 y 2026 Ueno Bank recibió depósitos de organismos estatales y entidades previsionales mientras otorgaba préstamos a empresas vinculadas a su propio grupo económico.
Los investigadores sostienen que Peña, quien fue accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, habría intervenido en decisiones relacionadas con la colocación de fondos públicos en la entidad. También investigan reuniones con responsables del Instituto de Previsión Social (IPS) para definir inversiones en títulos emitidos por el banco.
Entre los recursos comprometidos se mencionan cerca de 800 millones de dólares pertenecientes a instituciones estatales, en su mayoría vinculados a fondos previsionales. La causa también involucra a unos 32.000 jubilados del IPS con fondos relacionados con la entidad financiera.
Peña está imputado por administración en provecho propio y lesión de confianza. Carvallo, quien había dirigido la Financiera Ueno antes de asumir la presidencia del Banco Central en 2023, enfrenta cargos por lesión de confianza y producción mediata de documento público de contenido falso.
Cooperación internacional y embargos
La investigación también avanzó fuera de Paraguay. El Ministerio Público solicitó colaboración a autoridades de Argentina y Luxemburgo para localizar y recuperar activos relacionados con la causa. Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció asistencia, según informó el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán.
Hasta el momento, la Fiscalía identificó alrededor de 37 empresas y 35 personas vinculadas con el expediente, y anticipó que podrían producirse nuevas imputaciones.
Asimismo, dispuso embargos preventivos por más de 70 millones de dólares sobre bienes de directivos y de sociedades accionistas del conglomerado, entre ellas U Paraguay, U Holdings y Grupo Vázquez.
El fiscal Francisco Cabrera señaló que el rastreo de los activos busca garantizar que los ahorristas puedan recuperar la totalidad de sus depósitos.
La causa es considerada de alta complejidad por los investigadores y, según las autoridades judiciales, las actuaciones continúan bajo reserva mientras se reúnen pruebas y se determina el alcance de las responsabilidades.
