El derrumbe educativo argentino ya no admite matices ni eufemismos. Los datos de Argentinos por la Educación y las pruebas PISA son un aldabonazo que retumba en cada rincón del país: apenas 10 de cada 100 chicos terminan el secundario en tiempo y forma con conocimientos satisfactorios, y 7 de cada 10 adolescentes no alcanzan el nivel mínimo en Matemática.
Opinión de Andrés Mendieta
Pero el fracaso más doloroso es el que toca el corazón de la condición humana: la incapacidad de comprender un texto simple. Generaciones enteras egresan del sistema sin poder leer un contrato, una factura o una noticia, y mucho menos un ensayo, una novela o un poema. Ante este panorama, el diagnóstico de los especialistas es contundente: la psicogénesis, el lenguaje inclusivo, las escuelas militantes y la imposición de una pedagogía del «descubrimiento espontáneo» han vaciado las aulas de enseñanza sistemática. Se privilegió el adoctrinamiento en causas de moda por sobre la rigurosidad académica, se confundió igualitarismo con ignorancia, y el resultado es que un chico puede declamar consignas políticas o usar pronombres neutros, pero no puede resolver una regla de tres simple ni extraer la idea principal de un párrafo.
De nada sirve que sepa hablar en «lenguaje inclusivo» si después no entiende lo que lee; el mundo real no evalúa pronombres, sino capacidades intelectuales, razonamiento lógico y competencia lectora. Al desviar el foco hacia estas batallas culturales estériles, el progresismo educativo ha condenado a los alumnos a ser analfabetos funcionales con un discurso vacío, y esa es la hipocresía más brutal: formar activistas que no entienden el mundo que pretenden cambiar.
Frente a esta tragedia, hay quienes pretenden sumar un nuevo frente de batalla y atacar la Ley del Libro, argumentando que el precio único es una medida corporativista que encarece el acceso. Pero esa crítica, por más ingenua que parezca, confunde el origen del problema con un chivo expiatorio conveniente. La Ley 25.542, que establece el precio uniforme de venta al público, no es la culpable del analfabetismo funcional; al contrario, es una herramienta necesaria para garantizar que los libros sigan existiendo como bienes accesibles en todo el territorio nacional. Sin ella, las grandes cadenas y plataformas digitales concentrarían el mercado, las librerías independientes desaparecerían y el precio de los libros se dispararía, como ocurrió en el Reino Unido tras derogar su ley equivalente.
Y en un país con brechas geográficas y socioeconómicas profundas, la desaparición de librerías en el interior significaría condenar a millones de chicos a no tener nunca un libro en sus manos. Es decir, criticar la Ley del Libro es, en los hechos, un ataque a la posibilidad misma de que los chicos lean más y mejor, justo cuando más lo necesitan. Porque los chicos necesitan leer cada vez más, no menos, y para eso se requieren dos cosas que hoy faltan: primero, una alfabetización inicial que realmente enseñe a leer y comprender —abandonando el ideologismo pedagógico de una vez— y segundo, una política de Estado que garantice la existencia, la diversidad y la accesibilidad del libro impreso. No es una u otra, son ambas. La evidencia muestra que la lectura en papel favorece la comprensión profunda, la concentración y la memoria, mientras que las pantallas fomentan la dispersión, la fragmentación y el consumo rápido de información. En un mundo donde los algoritmos nos empujan a no pensar, los libros nos obligan a detenernos, a reflexionar y a construir sentido, y por eso hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que existan más libros y menos pantallas en las aulas y en los hogares.
Por eso resulta tan oportuno y revelador el éxito de «El infinito en un junco», el ensayo de Irene Vallejo que ha conquistado a millones de lectores en todo el mundo. Su obra no es un simple bestseller; es un recordatorio emocionante de que el libro ha sido, durante treinta siglos, el artefacto más poderoso para preservar y transmitir el pensamiento humano. Vallejo nos cuenta la historia de quienes salvaron libros de incendios, guerras y censuras, y nos invita a redescubrir el asombro ante la palabra escrita. Pero hay una ironía trágica en su éxito: mientras celebramos su libro como fenómeno cultural, la mayoría de nuestros adolescentes no podría leerlo con comprensión, no porque no quieran, sino porque el sistema educativo les negó las herramientas para hacerlo.
Ese libro, justamente, puede servir para argumentar con claridad esta necesidad urgente: necesitamos que los chicos vuelvan a maravillarse con la lectura, pero para eso primero tienen que aprender a leer, y para eso hay que enseñarles como se debe, con método, con esfuerzo y con libros de verdad. No se trata de elegir entre la Ley del Libro y la reforma pedagógica; se trata de entender que son dos caras de la misma moneda. La defensa de la ley no puede ser un gesto estético ni una batalla gremial despegada de la realidad de las aulas; debe ser parte de una estrategia integral que combine, sin concesiones, la urgencia de alfabetizar con métodos eficaces y la necesidad de construir un ecosistema donde los libros —físicos, diversos, asequibles— estén al alcance de cada niño y cada niña.
Y aquí es donde el Ministerio de Educación debe dejar de esconderse detrás de la burocracia y comenzar a discutir lo que realmente importa: cómo meter más libros en las aulas, cómo garantizar que cada escuela tenga una biblioteca digna, cómo financiar la compra de ejemplares y cómo formar docentes que no solo sepan de consignas pedagógicas, sino que amen la lectura y sepan transmitir ese amor. La burocracia es para los burócratas; la educación es para los chicos. Ya basta de talleres de «socialización de resultados» y de planes que solo existen en el papel. En Jujuy, por ejemplo, el Ministerio organiza reuniones, presenta indicadores y tiene un Plan Provincial de Alfabetización, pero en ningún comunicado oficial aparece la palabra psicogénesis ni una revisión explícita del método de enseñanza.
Se habla de «fortalecer prácticas» y de «revisar consignas», pero no se habla de libros, no se habla de lectura en serio, no se habla de abandonar el dogma que ha fracasado. Esa omisión no es un detalle menor; es una confesión de complicidad. Administrar la continuidad no es lo mismo que asumir el compromiso de cambiar lo que haga falta cambiar, y en educación esa distinción se paga con el futuro de los chicos. Es hora de que el Ministerio de Educación deje de gestionar papeles y empiece a gestionar aprendizajes, que deje de hacer ruido con talleres vacíos y empiece a llenar las aulas de libros, de lecturas compartidas, de dictados, de caligrafía, de problemas de matemática escritos en un pizarrón. El mundo no necesita más jóvenes que sepan usar el lenguaje inclusivo, pero no sepan leer; necesita jóvenes que puedan leer, comprender, criticar y crear. Y para eso, necesitamos libros. Muchos libros. Libros en las bibliotecas, en las escuelas, en los hogares. Libros que no sean un lujo reservado para unos pocos, sino un derecho al alcance de todos.
La Ley del Libro defiende ese derecho, y quien la ataca, ataca también la posibilidad de que la lectura se convierta en un hábito popular. Es hora de poner las prioridades en su lugar. El enemigo no es el precio único del libro; el enemigo es el vaciamiento ideológico de la enseñanza, la obsesión por las pantallas, la pedagogía del «cada uno a su ritmo» que deja a los chicos librados a su suerte y la burocracia que se contenta con informes y reuniones mientras los chicos no aprenden. Abandonemos la psicogénesis, recuperemos la enseñanza estructurada, defendamos con uñas y dientes la Ley del Libro y, sobre todo, empecemos a discutir cómo hacer que cada aula sea un espacio donde los libros estén vivos, se lean, se subrayen y se discutan. Porque los libros, como nos recuerda Vallejo, son el infinito en un junco: frágiles, pero eternos. Y nuestros hijos merecen tenerlos al alcance de la mano, y también, y sobre todo, merecen saber leerlos.
