La histórica cooperativa láctea SanCor formalizó su pedido de quiebra tras años de deterioro financiero, en un escenario marcado por deudas millonarias, caída productiva y un conflicto laboral que mantiene a sus trabajadores sin cobrar desde hace ocho meses.
La solicitud fue presentada ante la Justicia en Rafaela luego del fracaso del concurso preventivo iniciado en 2024. Según informó el gremio Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, la empresa atraviesa una situación de “cesación de pagos e insolvencia definitiva”, con un pasivo estimado en USD 120 millones.
Desde el sindicato señalaron que la decisión no modifica el cuadro de situación, pero termina de confirmar un proceso que llevaba años de deterioro. Además, denunciaron que la firma adeuda salarios y aguinaldos, lo que obligó a los empleados a sostenerse mediante fondos solidarios.
El derrumbe de SanCor también se refleja en sus números productivos y laborales. De los cerca de 4.000 trabajadores que tenía en 2017, hoy quedan alrededor de un millar. En paralelo, la capacidad de procesamiento de leche cayó de 4 millones de litros diarios a apenas 500.000, evidenciando el fuerte retroceso de la cooperativa.
En ese contexto, durante 2025 la empresa avanzó con despidos masivos en sus plantas de Córdoba y Santa Fe, mientras que varias unidades productivas fueron cerradas o quedaron paralizadas. A esto se sumaron conflictos salariales que frenaron la actividad durante meses y profundizaron las pérdidas.
En los últimos años, SanCor había intentado distintos caminos para su recuperación, incluyendo negociaciones con inversores para conformar un fideicomiso. Sin embargo, esas gestiones no prosperaron y la alternativa de operar bajo modalidad “a fasón” tampoco logró consenso, especialmente por la oposición sindical.
Fundada en 1938, la cooperativa fue durante décadas una de las principales referencias de la industria láctea argentina. Hoy, su posible quiebra marca un punto de inflexión para el sector, con impacto directo en trabajadores, productores y toda la cadena de valor.
Desde ATILRA sostienen que el proceso judicial podría abrir una nueva etapa para la marca, aunque el escenario inmediato es de incertidumbre y preocupación por el futuro de los puestos de trabajo.
