Julio Cordero y Armando Cavalieri, tras la firma de la paritaria de Comercio, junto con los empresarios
El Gobierno nacional volvió a tensar su relación con los gremios al evaluar no homologar en su totalidad la última paritaria del sector mercantil, en un movimiento que abre un nuevo frente de conflicto en el ya delicado escenario laboral.
La decisión, que se analiza en la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero, no apunta al aumento salarial acordado —un 5% distribuido en tres tramos junto a un bono extraordinario— sino a dos cláusulas específicas que generan rechazo oficial. Por un lado, el incremento de la cuota solidaria sindical por encima de los límites legales; por otro, el fuerte aumento de los aportes empresariales destinados a la obra social del sector.
El acuerdo había sido firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), liderada por Armando Cavalieri, junto a las cámaras empresariales. Sin embargo, en el Gobierno consideran que esos puntos no impactan directamente en el bolsillo de los trabajadores y representan costos adicionales que distorsionan la lógica de las paritarias en el actual contexto económico.
La situación no es aislada. Un antecedente inmediato se registró con el Sindicato de Camioneros que conduce Hugo Moyano, cuyo acuerdo también fue homologado de manera parcial. En ese caso, si bien se convalidaron los incrementos salariales, quedaron fuera otros ítems como aportes a la obra social y adicionales específicos.
Este cambio de criterio introduce un elemento de incertidumbre en el sistema de negociación colectiva. La homologación estatal no es un simple trámite administrativo: es lo que otorga plena validez a los convenios. Su aplicación parcial abre interrogantes sobre el cumplimiento efectivo de lo pactado, especialmente en sectores donde no existe una relación homogénea entre empresas y sindicatos.
En Comercio, donde históricamente existe una mayor sintonía entre las partes, no se descarta que los términos del acuerdo se apliquen de hecho, aun sin la validación completa del Estado. En cambio, en actividades como el transporte, con fuerte presencia de pymes, ya surgieron resistencias a pagar conceptos no homologados, lo que podría derivar en conflictos y reclamos judiciales.
Detrás de esta postura oficial subyace una estrategia más amplia del Gobierno de Javier Milei: ordenar las paritarias en línea con su política antiinflacionaria y evitar la incorporación de costos que, según su visión, terminan trasladándose a precios.
Sin embargo, la medida choca con la presión creciente de los trabajadores por recomponer ingresos en un contexto de pérdida de poder adquisitivo. En ese equilibrio inestable, la posibilidad de una homologación parcial no solo reabre tensiones con los sindicatos, sino que también plantea un interrogante mayor: hasta qué punto el Ejecutivo está dispuesto a redefinir las reglas de juego de la negociación salarial en Argentina.
