Los indicadores de seguridad laboral siguieron una trayectoria diferente (Foto: EFE)
El sistema de riesgos del trabajo comenzó 2026 con una litigiosidad en alza que no se desaceleró tras la aprobación de la nueva Ley de Modernización Laboral. A poco más de un mes de su sanción, los datos del primer trimestre confirman que el volumen de demandas continúa creciendo y consolida una tendencia que proyecta un nuevo récord anual.
Según cifras de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en marzo se notificaron 13.260 juicios contra las ART, el registro mensual más alto del año. Con ese número, el acumulado del primer trimestre alcanzó las 26.700 demandas, superando los niveles del mismo período de 2025 y marcando un fuerte repunte respecto de febrero, pese al efecto estacional de la feria judicial de enero.
En términos interanuales, marzo registró una suba del 13%, lo que ratifica una tendencia creciente que ya se venía observando en los meses previos y que no se modificó con la entrada en vigencia del nuevo marco normativo.
El fenómeno también se evidencia en la mirada anual: en los últimos 12 meses ingresaron 135.000 juicios, con un promedio superior a 11.000 demandas mensuales. De sostenerse este ritmo, 2026 cerraría con alrededor de 138.000 litigios, por encima del récord de 134.000 causas registrado el año pasado.
Desde la UART advirtieron sobre el impacto de estos números. Su presidenta, Mara Bettiol, fue contundente: “Los valores son lapidarios. Es otro aumento sobre un nivel que ya había sido pico”. Además, destacó que en el primer trimestre los juicios crecieron 3,4% respecto del mismo período de 2025.
Si bien el incremento no fue homogéneo, se concentró en los principales distritos. La Ciudad de Buenos Aires lideró las subas, con un aumento del 26,2% frente a febrero y del 27,5% interanual. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se registró una leve baja respecto del pico de febrero, aunque se mantuvo un crecimiento cercano al 10% en la comparación anual. Santa Fe también continuó en alza, con un incremento del 16%.
En contraste, Mendoza y Córdoba mostraron una dinámica descendente, en un contexto de medidas orientadas a ordenar el funcionamiento del sistema en esas jurisdicciones.
Reformas que aún no impactan
El aumento de la litigiosidad se produjo en paralelo con la sanción de la nueva ley, que introdujo cambios estructurales con el objetivo de reducir la judicialización. Sin embargo, en esta primera etapa, los efectos todavía no se reflejan en los datos.
Entre las modificaciones más relevantes, se destaca el nuevo esquema de honorarios periciales: los peritos dejaron de cobrar un porcentaje de la indemnización y pasaron a percibir montos fijados por los jueces según la tarea realizada. La medida busca reducir incentivos a la sobreestimación de incapacidades.
La norma también obliga a los jueces laborales a respetar la jurisprudencia de la Corte Suprema y establece la incorporación de parámetros técnicos a través de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF), con el objetivo de disminuir la discrecionalidad en las pericias.
No obstante, la implementación de estos cuerpos médicos sigue siendo uno de los principales desafíos. La falta de funcionamiento pleno en varias provincias mantiene criterios dispares en la evaluación de incapacidades.
La brecha que impulsa los juicios
Desde el sector señalan que uno de los factores centrales de la litigiosidad es la diferencia entre los dictámenes de las comisiones médicas y los peritos judiciales.
“Mientras exista esa brecha, habrá incentivo a litigar”, sostuvo Bettiol. Y agregó: “Si el perito siempre fija un plus, todos van a ir por más. La revisión judicial debería ser la excepción, no la regla”.
El diagnóstico también muestra una evolución de largo plazo. En 2003 se registraban cerca de 3.000 juicios anuales. A partir de 2004, la cifra creció de manera sostenida hasta alcanzar un pico en 2017, lo que derivó en la sanción de la Ley 27.348. Tras una baja inicial, la litigiosidad volvió a aumentar desde 2019 hasta los niveles actuales.
Costos y comparación internacional
El impacto también se refleja en los costos del sistema. La alícuota vigente ronda el 2,8% al 2,9% de la nómina salarial, un nivel que desde la UART consideran insuficiente frente al volumen de litigios. “Debería ser el doble, pero es imposible trasladarlo”, advirtió Bettiol.
Además, el esquema presenta una fuerte concentración geográfica: el 73% de los juicios se registra en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe.
Paradójicamente, los indicadores de seguridad laboral evolucionaron en sentido contrario. Desde la implementación del sistema, los accidentes laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos un 80%. Sin embargo, la judicialización siguió creciendo.
En la comparación internacional, la diferencia es marcada: mientras países como Chile y España muestran niveles considerablemente más bajos, Argentina alcanza un índice de 132,8 juicios cada 10.000 trabajadores.
Medidas y perspectivas
En paralelo a la reforma nacional, algunas provincias avanzaron con iniciativas para ordenar el sistema. En Santa Fe se incorporaron peritos médicos forenses con intervención obligatoria, mientras que en Mendoza se amplió la cantidad de especialistas judiciales.
También hubo avances en la provincia de Buenos Aires con el fallo “Galarza”, que buscó unificar criterios y limitar indemnizaciones consideradas excesivas. A nivel nacional, el Congreso aprobó el traspaso de la Justicia del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y avanzó en la designación de nuevos jueces.
Pese a estas medidas, el escenario para 2026 sigue siendo desafiante. Desde la UART sostienen que la nueva Ley de Modernización Laboral podría convertirse en una herramienta clave para contener la litigiosidad, aunque su impacto dependerá de la implementación efectiva en todo el país.
