La advertencia no es menor ni exagerada. Desde el Colegio Farmacéutico de Jujuy (COLFARJUY) encendieron una señal de alarma que expone una problemática estructural del sistema de salud: el atraso sostenido en los pagos por parte de obras sociales y prepagas —con especial énfasis en PAMI— está llevando al límite a la red de farmacias de la provincia.
El diagnóstico es claro y preocupante. Mientras las farmacias deben afrontar compromisos con proveedores en plazos que no superan los 15 días, los reintegros por prestaciones se dilatan entre 60 y 90 días. Esta asimetría financiera no solo resulta insostenible en el tiempo, sino que erosiona el funcionamiento de un eslabón clave en el acceso a la salud.
La consecuencia empieza a hacerse visible: dificultades en la dispensa de medicamentos, tensión en la atención cotidiana y una creciente incertidumbre para los pacientes, especialmente los sectores más vulnerables como jubilados y personas con tratamientos crónicos. En este contexto, el eventual corte de prestaciones deja de ser una hipótesis lejana para convertirse en una posibilidad concreta.
Sin embargo, el problema trasciende lo coyuntural. La situación en Jujuy refleja una crisis más amplia, de carácter federal, donde el aumento de costos, la inflación y una cadena de pagos fragmentada configuran un escenario de alta fragilidad. Las farmacias, en este entramado, funcionan como financiadoras involuntarias del sistema, absorbiendo los desfasajes a costa de su propia sostenibilidad.
Aquí es donde emerge el punto crítico del debate: ¿hasta qué punto puede sostenerse un sistema que depende del esfuerzo financiero de actores que no están diseñados para cumplir ese rol? La respuesta parece evidente. Sin correcciones de fondo, el modelo actual no solo es injusto para los prestadores, sino también riesgoso para la población.
Desde COLFARJUY se declaró la “alerta farmacéutica” y se convocó a las autoridades a intervenir con urgencia. Pero el llamado también interpela a todo el sistema sanitario. La falta de previsibilidad en los pagos no es un problema administrativo menor; es una amenaza directa al acceso equitativo a medicamentos.
Aun así, las farmacias continúan cumpliendo su función, sosteniendo la dispensa y amortiguando el impacto de la crisis en la comunidad. Ese esfuerzo, destacado por la propia entidad, evidencia un fuerte compromiso sanitario, pero también marca un límite cada vez más cercano.
La situación exige respuestas inmediatas y medidas estructurales. De lo contrario, el costo de la inacción no recaerá únicamente sobre las farmacias, sino sobre miles de jujeños que dependen, día a día, de un sistema que hoy muestra signos claros de agotamiento.
