Distintos organismos provinciales evaluaron los alcances de las modificaciones previstas en el Régimen Penal Juvenil y la necesidad de adecuar los mecanismos de intervención y protección de derechos.
Autoridades de las áreas de Desarrollo Humano y Seguridad, junto con representantes del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, mantuvieron una reunión de trabajo para analizar los cambios previstos en el Régimen Penal Juvenil y sus posibles implicancias en la provincia.
El encuentro estuvo centrado en la coordinación entre los distintos organismos que intervienen ante situaciones vinculadas con niñas, niños y adolescentes, especialmente frente a los nuevos escenarios que puedan surgir a partir de las modificaciones normativas.
Durante la reunión se abordaron criterios de intervención, competencias y responsabilidades de cada organismo, además de la necesidad de adecuar los dispositivos institucionales y las políticas públicas a las nuevas disposiciones.
Uno de los principales ejes planteados fue la articulación entre las diferentes áreas para establecer respuestas coordinadas, procurando compatibilizar las responsabilidades del Estado con las garantías y la protección integral de los derechos de los adolescentes.
Participación de distintos organismos
De la reunión participaron el secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola; el coordinador general del Ministerio de Seguridad, Simón Cabezas; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte; la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariela Gloss; y el director de Dispositivos de Cuidados, Mario Vacaflor.
También estuvieron presentes representantes del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Durbal Carrizo y Paulina Juárez.
La instancia se enmarca en una agenda de trabajo conjunto destinada a anticipar los posibles desafíos que impliquen las modificaciones del régimen, revisar los mecanismos de prevención y protección y definir herramientas de intervención para el ámbito provincial.
El debate sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil plantea así la necesidad de adaptar las estructuras provinciales a los cambios normativos, con especial atención en las medidas que involucren a adolescentes y en las garantías previstas para la protección de sus derechos.
