Después de la detención de la familia del narcotraficante ecuatoriano Fito Macías en un country de Córdoba, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el ministro cordobés, Juan Pablo Quinteros, encabezaron el viernes una conferencia de prensa para brindar más detalles sobre la operación «anti Choneros», que resultó en la deportación de los ocho detenidos.
Los funcionarios nacionales, incluyendo los titulares de Defensa, Luis Petri, y del Interior, Guillermo Francos, afirmaron que «Argentina no será un narcoestado».
Se sugiere que existe la hipótesis principal de un plan coordinado para que la familia del delincuente se estableciera en Argentina antes de la fuga de Fito Macías de la cárcel. Macías, líder de Los Choneros, se encuentra prófugo desde el 8 de este mes, escapando de una prisión en Guayaquil, Ecuador.
Bullrich informó que la familia del narcotraficante llegó al país el 5 de enero, tres días antes de la fuga de Macías, y que la operación para expulsarlos se inició tras recibir una alerta de su presencia en la provincia de Córdoba. Destacó la cooperación entre la Policía de Córdoba y la Policía Federal Argentina en la operación.
La ministra indicó que la familia tenía la intención de instalarse en Argentina, con la compra de una casa en noviembre del año pasado, y sugirió una posible planificación para que la familia se estableciera antes de la fuga de Macías.
Por su parte, el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, resaltó la colaboración entre ambas jurisdicciones y detalló cómo comenzaron las investigaciones en su provincia, que luego se unificaron con las autoridades nacionales.
Guillermo Francos, titular de Migraciones, explicó las medidas tomadas para acelerar la deportación de los ocho detenidos, destacando la decisión de cancelar la residencia transitoria de la familia del narcotraficante. Francos subrayó el compromiso del gobierno argentino de proteger a sus ciudadanos y de no permitir que el país se convierta en refugio de delincuentes.
Luis Petri resaltó la rapidez con la que se logró la deportación de la familia y enfatizó la determinación política de expulsar a los delincuentes. Todos los funcionarios coincidieron en que Argentina no será un lugar seguro para narcotraficantes y sus familiares, subrayando la firmeza del gobierno en combatir este tipo de delitos.
