El proyecto de reforma electoral impulsado por Javier Milei comienza a tomar forma y promete abrir un debate de fondo sobre el funcionamiento del sistema político argentino. La iniciativa, que será enviada al Congreso en las próximas semanas, no solo apunta a modificar las reglas de competencia electoral, sino también a redefinir aspectos clave como el financiamiento de los partidos, los requisitos para competir y la transparencia en las candidaturas.
Uno de los cambios más significativos es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En su lugar, el Gobierno propone un mecanismo de avales ciudadanos con validación biométrica, que obligará a cada aspirante a reunir apoyos reales y verificados digitalmente. La intención es clara: reducir la proliferación de los llamados “sellos de goma”, es decir, partidos con escasa representatividad que logran participar en elecciones sin un respaldo genuino.
En esa misma línea, el proyecto endurece las condiciones para la conformación y permanencia de los partidos políticos. Se exigirá un número mínimo de afiliados equivalente al 0,5% del padrón electoral y, para obtener carácter nacional, las fuerzas deberán tener presencia en al menos diez distritos. Además, aquellas agrupaciones que no alcancen el 3% del padrón en dos elecciones consecutivas perderán su personería, lo que apunta a ordenar y reducir la fragmentación del sistema.
Otro eje central es la implementación de la Boleta Única de Papel, que incorporará la posibilidad de votar una lista completa mediante un casillero específico. Incluso, en caso de elecciones simultáneas, se contempla la inclusión en una misma boleta de cargos nacionales, provinciales y municipales, simplificando el proceso para el electorado.
El proyecto también introduce la denominada “Ficha Limpia”, una cláusula que impedirá postularse a cargos electivos a quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia. Esta restricción se extenderá además a funcionarios del Poder Ejecutivo, con el objetivo de reforzar criterios de idoneidad y transparencia en la función pública.
En materia de financiamiento político, la reforma propone cambios profundos. Se elevarán los topes de aportes privados y se eliminarán los límites de gasto de campaña, al tiempo que se suprimirá la publicidad electoral gratuita en medios audiovisuales. El financiamiento estatal, por su parte, se concentrará en un único aporte anual. A la par, se establecen prohibiciones para recibir donaciones de personas vinculadas a delitos graves y sanciones para las agrupaciones que no puedan justificar el origen de sus fondos.
Entre las modificaciones más llamativas aparece la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales, una medida que marca un giro respecto de los mecanismos recientes orientados a fomentar la exposición pública de propuestas.
En el plano internacional, la iniciativa plantea suspender la elección directa de los representantes argentinos al Parlamento del Mercosur hasta que exista un calendario electoral unificado en el bloque. Mientras tanto, los parlamentarios serán designados por el Congreso, respetando la proporcionalidad política.
Detrás de estos cambios subyace una estrategia política clara. El oficialismo busca instalar el debate, capitalizar la aceptación que tuvo la suspensión de las PASO y avanzar en una negociación clave con los gobernadores, cuyos votos serán determinantes en el Congreso. En ese marco, dirigentes como Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo ya forman parte de los primeros contactos.
Aunque el proyecto aún no ingresó formalmente al Parlamento, ya se perfila como una de las iniciativas centrales del oficialismo. De avanzar, implicará una transformación estructural del sistema electoral argentino, con reglas más exigentes para la competencia política y un rediseño profundo de su funcionamiento.
