Claudio Poggi, gobernador de San Luis. “Ante el descalabro financiero, el uso irresponsable de los fondos públicos y el exceso de los gastos, por primera vez en 40 años no podremos pagar el 100% del sueldo de diciembre a fin de mes ni el 100% del de enero a fin de ese mes. Deberemos desdoblar en dos cuotas su pago”. 15 de diciembre de 2023.
Cuando un viajero pasa desde Córdoba o Mendoza por la troncal ruta 7 se encuentra, al ingresar a San Luis, con una autovía iluminada y extensa. En gran parte de la traza, desde hace años, se colocó una red de wifi gratis que provee el gobierno provincial. A unos pocos kilómetros de la capital, hay un estadio de fútbol donde se juega la Copa Argentina llamado Juan Gilberto Funes y, a 87 kilómetros, en Villa Mercedes, hay otro con aún más capacidad, La Pedrera, un complejo deportivo que también tiene un autódromo internacional, similar al que corre por Potrero de los Funes.
En la provincia donde desde el año 1983 gobernaron mayoritariamente los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá también hay una réplica del Cabildo y un estadio de ajedrez, donde alguna vez se jugó un mundial. Se construyó una casa de gobierno piramidal y moderna y una última joya: el Hospital Ramón Carrillo, uno de los edificios públicos más lujosos de la Argentina.
Cuatro días antes de dejar el poder, Alberto consagró uno de los actos de gobierno, quizá, más osado. Alberto Rodríguez Saá (hijo), exministro de Obras Públicas; Sergio Freixes, exsenador y exministro de Producción, y su secretaria, Sofía Aguilera se proclamaron “lonkos del pueblo ranquel”. El acto se formalizó mediante una asamblea, ratificada por una resolución del registro de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia. “Se “hicieron nombrar responsables de la dirección y administración de la comunidad ranquel, sus riquezas y su tierra; se hicieron nombrar caciques”, dijo el actual gobernador Claudio Poggi.
¿Amor a los pueblos originarios? Tal vez, pero todo parece indicar que el heredero Rodríguez Saá tuvo en mente administrar un territorio para explotación ganadera de alrededor de 66.000 hectáreas que el estado provincial hace años le entregó al pueblo ranquel. De hecho, ya hay una denuncia penal en la que se investiga la maniobra y se han colectado pruebas de que ese grupo de “nóveles caciques” ya administraba el predio, al menos, desde 2017. Solo el último año, por las cuentas de la administración del campo pasaron 280 millones de pesos. Una cosa más, antes de irse, el gobierno del padre del “cacique Alberto” entregó a ese grupo un subsidio de 50 millones de pesos.
San Luis se presentaba como el modelo de gestión que había logrado el éxito y semejante hito hizo que algunos soñaran que Adolfo Rodríguez Saá sería capaz de trasladar esa experiencia a la conducción del país. Duró siete días.
Hace no tanto tiempo, puntualmente en 2018, una campaña del Ministerio de Turismo de la provincia, lanzó el slogan “San Luis, otro país”, una frase publicitaria que cristalizaba el sentimiento de propios y ajenos. La provincia se anotaba un índice de pobreza de 17,9% (12,2% de los hogares) y se colocaba entre los distritos con indicadores más bajos del país.
Para entender el fenómeno: por esos días, el indicador a nivel nacional estampaba un 27,3% de los argentinos pobres, lo que significaba un 19,6% de los hogares. Los números de San Luis estaban lejos, muy lejos de lo que mostraba la realidad del país y muy debajo de provincias cuyanas como San Juan (25,4% de pobreza) y Mendoza (27,9%), siempre según la metodología de estudio del Indec.
“Wifi libre. En todo el territorio, en el sótano de tu casa o en la cima de la montaña. El San Luis que soñamos y que planificamos hoy sorprende a todo el país”, cerraba otro spot publicitario que mostraba a Adolfo Rodríguez Saá orgulloso de los logros 3.0.
Ahora bien, ¿cómo empezó la caída que terminó en que no se puedan pagar los sueldos en término? El último dato de pobreza publicado es del primer semestre de 2023. A nivel nacional, el 40,1% es pobre; en San Luis, ese indicador llega al 47,3%, apenas superado por Chaco (60,3%) y Concordia (58,3%).
El principio del fin
El primer mojón en el deterioro se dio en 2017. Corría el gobierno de Mauricio Macri y en la provincia gobernaba Alberto, el menor de los dos Rodríguez Saá. Entonces, hubo un shock político en la provincia. El 13 de agosto de ese año, la fórmula legislativa de Cambiemos, que también postulaba al ahora gobernador, Poggi, superó ampliamente al oficialismo provincial. La oposición cosechó el 57,64% del total de votos contra el 38,24% que tuvo el peronismo.
Entonces, empezó el camino que terminó con la situación actual. Un profesor universitario, que sabe que durante 40 años la hegemonía impidió las voces díscolas, prefiere contar la historia sin figurar con nombre y apellido. “Lo primero que sucedió en aquel momento es que se dejó de lado una vieja fórmula establecida que obligaba a que el presupuesto use no más de 50% del total de los recursos en gasto corriente; la otra mitad, en gastos de capital”, señaló el académico.
Ese andarivel que la propia ley le marcaba al gobernador se había convertido en una de las claves del desarrollo de San Luis. Y, justamente, apartarse del cepo al gasto, fue el principio del fin, tanto de la bonanza como de la hegemonía.
Para ilustrar: en junio de 2017, el Plan de Inclusión Social, un sistema de ayuda provincial famoso porque a sus beneficiarios se los suele ver en las banquinas de las rutas y en las plazas abocados a tareas de mantenimiento, tenía 5280 beneficiarios. Pero las elecciones de agosto, como se dijo, fueron un shock que disparó el gasto como jamás se había visto. Entre las PASO y las generales de octubre, se sumaron 74.000 planes más, con lo que se llegó a las elecciones con 79.280 ayudas directas.
“No tenemos información de cuál es la cantidad de beneficiarios que hay en la provincia. Vamos a hacer un censo -dijo la actual ministra de Desarrollo Humano, Mónica Becerra a la Agencia de Noticias de San Luis-. Nos hemos encontrado con un panorama desolador, cuando vemos el lugar, ya nos damos cuenta de la desidia con la que se trabajaba, siempre impregnado con el interés partidario. Había cero actividad social en este ministerio. Acá todo es mucho más triste porque se usaba a la gente con un fin social, pero en realidad lo que se buscaba era un fin partidario, el de perpetuarse en el poder.”
Durante aquella elección de 2017, la expansión de los planes sociales no fue lo único. Hubo millones de dólares que viajaron desde el tesoro provincial a varias fundaciones, algunas de ellas de familiares de la familia gobernante, que luego terminaron en electrodomésticos. Desde cocinas a heladeras, el poder del dinero público se puso como nunca al servicio de la campaña.
En octubre, aquellos 20 puntos de diferencia que tenía Cambiemos se dieron vuelta y quedaron en 42,9% y la elección legislativa, que llevaba a Adolfo Rodríguez Saá como senador, quedó en manos del oficialismo con 55,44% de los votos. Fue una epopeya electoral financiada con fondos públicos.
Pelea feroz y derrota
En 2019, “El Adolfo” y “El Alberto”, los hermanos que se turnaron el poder en la provincia (14 años de mandato el primero y 18 el segundo) traicionaron sus palabras. Se cuenta que estaba arreglada la posta para que el gobernador (Alberto) le pase el testimonio a su hermano. Pero el más chico de los dos pretendió la reelección. La disputa fue feroz y hasta llegaron a dividir el patrimonio, además de plantarse en veredas opuestas. La crisis política en la familia gobernante impactó de lleno en la gestión. Cada uno, aseguran, tenía su rol. El péndulo de poder que oscilaba entre los dos ya no se movió nunca más.
Finalmente, Alberto volvió a ser electo y los números empeoraron de manera dramática. En 2020, San Luis empezó a conocer el camino del déficit. Aquel año de pandemia terminó con un rojo en las cuentas públicas de $4172 millones de pesos, y el siguiente, sumó otros $9117 millones más, de acuerdo con datos que presentó Poggi sobre la situación financiera compartidos con LA NACION.
En tres años, aquel 17,8% de pobreza de los primeros seis meses de 2018 había pasado a un 47,8 para el segundo semestre de 2021. Más allá de un descenso en 2022, ese trazo grueso se mantuvo hasta hoy, con un indicador en 47,3% entre enero y junio pasado, de acuerdo a la última publicación disponible del Indec. Cuando la mirada se posa sobre los niños, las cifras de San Luis conmueven: desde 2021, con algunos altibajos, en promedio, 7 de cada 10 menores de 17 años son pobres.
La debacle continuó. Para 2022, el déficit fue menor pero, así y todo, llegó a $7172 millones. El descalabro, en rigor, fue en 2023, cuando la posibilidad de perder el poder que tuvieron durante 40 años, desde el regreso mismo de la democracia, impulsó al exgobernador a acelerar su propio plan platita. El rojo de este año -sin números cerrados- llegó a $125.000 millones, lo que significó una suba del gasto de 1649%, poco más de 10 veces la inflación.
Ahora bien, San Luis no tomó créditos, pese al déficit. Y de hecho, por estos días, Poggi intenta que le autoricen un empréstito para tener oxígeno en el Tesoro. Bartolomé Abdala, senador por San Luis en representación de La Libertad Avanza y presidente provisional del Senado, es uno de los que arriba a la suposición de que la anterior gestión consumió ahorros y un fondo anticíclico con el que contaba la provincia. ”El tema es que no conocemos los gastos. No los publican nunca. Y veo mucha diferencia entre los ingresos tributarios y los ingresos totales. Deben haber vendido títulos y además tenían ingresos por obras nacionales del gobierno de los Fernandez”, señaló.
En los últimos meses de campaña, Alberto Rodríguez Saá aflojó la billetera como nunca. Incorporó 5000 nuevos empleados a la administración pública que eran contratados y duplicó el sueldo de los estatales. De hecho, de acuerdo a datos a los que accedió LA NACION, la provincia en 2013 tenía 47 empleados públicos por cada 1000 habitantes, exactamente la media nacional. Según informa el Ministerio de Economía en sus series históricas, ese número era a fines de 2022 de 68 por cada 1000 habitantes, lejos del promedio de toda la Argentina, que está en 49.
En poco más de seis años, la provincia se fundió. Sin embargo, los Rodríguez Saá jamás abandonaron el sueño de las obras faraónicas. De hecho, ante de irse, Alberto licitó la construcción de una ciudad judicial por $49.000 millones. Se la adjudicó a la empresa Rovella Carranza, su constructora preferida, y le dio un adelanto de $9000 millones. Tal fue el escándalo, que la firma devolvió esa suma y todo quedó en cero.
El último gobernador terminó con un plantel de alrededor de 2000 funcionarios, muchos de ellos amigos de su hijo, que ahora Poggi redujo a menos de la mitad. Solo quedaron las obras de aquella San Luis que era otro país, algunas desmejoradas, otras, sin recursos humanos como para manejar semejante infraestructuras, como el Hospital Ramón Carrillo, una construcción que parece inspirada en un estadio de fútbol de Qatar.
Los tiempos cambiaron para los puntanos, conmovidos ahora por el pago del sueldo en cuotas. Las noticias sobre la arqueología de la gestión anterior se suceden. San Luis, otro país, ya no es tal. “No hay plata”, dijo Javier Milei. Y la frase resonó más fuerte que en ningún otro lado del país en la provincia que supo ser modelo.
Diego Cabot
