No hay silencio más atronador que el silencio cómplice de los máximos exponentes del kirchnerismo respecto de la impresentable candidatura del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Es verdad que la dirección de otras fuerzas políticas tampoco se ha pronunciado sobre una iniciativa tan insólita del Presidente que prometía regenerar la vida pública. El presidente de Pro, Mauricio Macri, solo ha objetado la candidatura de Lijo en reuniones privadas. Y el de la UCR, Martín Lousteau, critica a Javier Milei por mil razones, todas secundarias si se las compara con esta decisión institucional.
Sin embargo, el silencio de Cristina Kirchner es más llamativo por varias razones. Una de ellas es que los votos que controla en el Senado son decisivos para la aprobación del pliego que el Presidente envió anoche a esa cámara. Sin la adhesión del kirchnerismo, Lijo no podría ser ministro de la Corte. Por eso es bastante obvio suponer que Lijo solo alcanzará su objetivo después de garantizar impunidad a una expresidenta acosada por la Justicia Penal. Más aún: hay quienes especulan con que solo alguien con los penosos antecedentes de Lijo podría complacer ese requerimiento.
Desde que inexplicablemente el presidente Milei lo ungió candidato a ocupar la vacante producida por la renuncia de Elena Highton de Nolasco, no se ha escuchado ni una sola palabra de la señora de Kirchner al respecto, habiendo sido ella quien, en 2017, amenazó públicamente con enjuiciar a Lijo por la filtración de escuchas telefónicas en las que, en términos despectivos y hasta soeces, se la oía hablar con el senador Oscar Parrilli. Curiosamente –o no tanto–, tampoco se conoce la opinión de Parrilli sobre qué actitud adoptará el kirchnerismo en el Senado a la hora de definir si se unge o no a Lijo. Hace seis años, y en ocasión de aquella filtración, Parrilli denunciaba un “Watergate autóctono”.
Otro senador del kirchnerismo que hace mutis por el foro cuando se lo consulta sobre el tema es Eduardo “Wado” de Pedro. Al menos, hace silencio públicamente, ya que trascendió que estuvo muy activo puertas adentro del Congreso cuando no hace mucho le llevó al diputado Máximo Kirchner a un amigo y promotor de Lijo. El hombre del interior, de alta exposición y habitué del Palacio de Tribunales, le pidió directamente al hijo de la expresidenta que su madre garantizara al polémico juez los votos que le responden en el Senado. ¿A cambio de qué?, relatan que le preguntó Máximo Kirchner. A cambio de que Lijo no mueva nunca las causas en la que la expresidenta está siendo investigada, le respondieron. Y para que no le quedaran dudas al heredero, el visitante le aclaró que Lijo es el “mejor anestesista” de la Justicia, con una vasta experiencia en el arte de hacer dormir las causas sensibles que recaen en su despacho.
Sirven como ejemplo de ese efecto somnífero el cajoneo que ha hecho Lijo de una denuncia de Elisa Carrió contra la compraventa de acciones de YPF entre Repsol y el grupo Eskenazi, que muy probablemente hubiera impedido que hoy nuestro país tenga que desembolsar más de 16.000 millones de dólares como consecuencia de la brutal impericia de Axel Kicillof y de Cristina Kirchner.
También, la denuncia de 2017 de los entonces diputados Manuel Garrido y Graciela Ocaña sobre enriquecimiento ilícito del exvicepresidente Amado Boudou. Lijo recibió de parte de ambos un detallado informe de las inconsistencias entre un escrito presentado por Boudou ante la Oficina Anticorrupción y otro de su autoría depositado en sede judicial para explicar la procedencia de su fortuna. Las cuentas no le cerraban de ninguna forma, pero Lijo decidió no avanzar, como tampoco lo hizo con el expediente contra la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, por el desvío de más de 530 millones de pesos de la municipalidad a cooperativas de trabajo. La lista es larga, pero podría ser resumida en una sola frase: “impunidad para los amigos del poder político”.
El año último, en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, Lijo aceptó como querellante al Sindicato de Trabajadores de la Justicia de la República Argentina (Sitraju), que tiene como referente a la diputada kirchnerista Vanesa Siley. Con posterioridad, la Cámara Federal revocó esa decisión, al decir que “querellante es aquella persona directamente afectada por un delito que le acarrea perjuicio directo y real” y que no se evidenciaba tal afectación en el caso del citado gremio. La Coalición Cívica impugnó al magistrado por haber actuado de manera arbitraria con el fin de mantener abierta la causa y así poder colaborar con Ricardo Lorenzetti en su pelea interna en el máximo tribunal. No resulta ocioso en este punto recordar que quien acerca la candidatura de Lijo al Gobierno no es otro que Lorenzetti.
Tan coordinado es el silencio dentro de las filas kirchneristas que no solo enmudece a legisladores en el Congreso, sino que paraliza la acción del Consejo de la Magistratura. A propuesta del presidente de la Comisión de Disciplina, Héctor Recalde, se postergó el mes pasado el sorteo de instructores para los sumarios por faltas disciplinarias contra Lijo. “No es oportuno en este momento por un principio de primacía de la realidad; cuando el juez Lijo es candidato a la Corte, es muy difícil tratar estos temas y ser objetivo”, sostuvo Recalde con brutal sinceridad.
Si de silencio se trata, resulta perturbador el de las senadoras kirchneristas que, pese a integrar la comisión permanente Banca de la Mujer, cuyo objetivo primordial es dictaminar sobre cuestiones relacionadas con la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones, no han realizado reclamo alguno para que la banca que dejó Highton de Nolasco hace casi tres años sea ocupada por otra mujer. Integran esa comisión parlamentaria, entre otras, Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Teresa González, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Sandra Mendoza y Juliana Di Tulio. Se trata de la actual Di Tulio y no la que en 2017 dijo: “A mí Lijo no me sorprende nada. Le conozco la animosidad. No me podés hacer creer que Lijo es imparcial”. Se refería en esos términos al procesamiento dictado por ese juez contra Parrilli, por encubrimiento agravado al haber ocultado informes para colaborar con la fuga de Iván Pérez Corradi, acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez y de traficar efedrina.
Dentro de los escasos apoyos obtenidos por Lijo comparados con las decenas de fundados pronunciamientos en contra de su nominación por parte de prestigiosas entidades, figura la adhesión de las Abuelas de Plaza de Mayo, la que, curiosamente, a la hora de propiciar que sea una mujer la que ingrese en el más alto tribunal del país para ocupar la vacante de Nolasco, difiere esa posibilidad para fines de año, cuando, por límite de edad, deba jubilarse el juez Juan Carlos Maqueda. Dice el escrito de Abuelas: “Considerando la futura vacancia que se producirá el 29 de diciembre de 2024, de admitirse la propuesta del doctor Lijo se deberá tener presente, en la medida de lo posible, la inclusión de nuevos miembros que permita reflejar las diversidades (…), a los efectos de que no se vean afectados los principios de igualdad y no discriminación en el acceso a las funciones públicas por falta de representación adecuada de género”.
Otras de las escasas adhesiones corrió por cuenta del sindicalista judicial Julio Piumato, quien cínicamente destacó que Lijo “honrará el cargo con una dedicación incansable y un firme compromiso con la construcción de una Justicia acorde con las verdaderas necesidades del pueblo argentino, a lo que se suman sus óptimas condiciones personales y morales”. ¿Desconoce Piumato que Lijo es un juez con una infinidad de indicios de haber cometido actos de corrupción y que si muchas de las causas en su contra no avanzaron fue porque se cerraron sin siquiera investigar las pruebas? ¿Ignorarán algunos magistrados que el Código de Procedimiento en materia penal establece que si los indicios son numerosos, serios, graves y concordantes valen como medio de prueba?
Y hay una tercera categoría de “pacientes” sin escrúpulos, capaces de recomendar las aptitudes anestésicas de Lijo. Vaya como máxima expresión de ese palpable descaro la actitud del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Impulsó declarar a Lijo ciudadano ilustre del distrito, cuando ese juez lo investiga por los millonarios fondos que derivó como ministro de Desarrollo Social y Hábitat de Alberto Fernández a la Municipalidad de Quilmes, los mismos fondos que, como se dijo, Mayra Mendoza trasladó a cooperativas. “Todo tiene que ver con todo”, solía decir Cristina Kirchner. La realidad no la desmiente.
Un miembro de la Corte no debe tener ninguna tachadura profesional ni moral y muchísimo menos ser producto de un pacto de impunidad.
LA NACION
