El juez federal Ariel Lijo resolvió desestimar y archivar la denuncia presentada contra los periodistas de Todo Noticias, Luciana Geuna e Ignacio Salerno, al considerar que las imágenes difundidas desde el interior de la Casa Rosada no configuraron delito ni comprometieron la seguridad nacional.
En su resolución, el magistrado sostuvo que no existieron elementos suficientes para encuadrar el hecho dentro de las figuras penales invocadas por la denuncia impulsada por la Casa Militar. Según indicó, el material audiovisual difundido no reveló información clasificada ni mostró sectores sensibles vinculados a la seguridad del edificio gubernamental.
El argumento central del fallo
Lijo remarcó que las imágenes registradas corresponden a espacios públicos o de acceso habitual dentro de la sede del Poder Ejecutivo, muchos de ellos visibles desde hace años a través de plataformas como Google Street View, registros institucionales y recorridos guiados que se realizan periódicamente en el edificio.
El fallo señala que no se verificó “ningún riesgo concreto o real para la seguridad de la Nación” y que las grabaciones no exhibieron sistemas de vigilancia, áreas reservadas ni movimientos operativos del personal de custodia.
La postura coincidió con el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, quien concluyó que el contenido difundido solo mostraba aspectos generales de un edificio público, sin afectación a secretos oficiales ni perturbación del funcionamiento institucional.
La denuncia y el uso de lentes inteligentes
La causa se había originado luego de que la Casa Militar denunciara que los periodistas utilizaron lentes inteligentes para registrar imágenes en sectores no habilitados, presuntamente en infracción a una resolución interna de la Secretaría de Comunicación y Medios.
Si bien esa normativa contempla sanciones administrativas, el juez aclaró que una eventual infracción reglamentaria no implica automáticamente la existencia de responsabilidad penal.
Restricciones a la prensa
Tras la denuncia, los cronistas acreditados sufrieron restricciones de acceso durante 11 días, situación que alteró la cobertura periodística habitual en la Casa Rosada.
Con el archivo de la causa, la Justicia dejó establecido que no existió espionaje ni conducta penalmente reprochable, cerrando así un episodio que había generado fuerte repercusión en el ámbito político y periodístico nacional.
