Una investigación administrativa detectó 645 acreditaciones indebidas a 23 personas entre julio de 2022 y enero de 2026. La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal y apunta a una presunta manipulación de los archivos utilizados para el pago de haberes.
La Armada Argentina presentó ante la Justicia Federal una investigación interna que detectó 645 acreditaciones indebidas de haberes por $981.148.567,88, realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026. Hasta el momento fueron identificadas 23 personas, entre militares, civiles y personas que no tendrían vínculo laboral o funcional con la fuerza.
El caso comenzó a ser detectado en febrero de 2026, durante una revisión de los haberes correspondientes a enero. En esa instancia, cinco agentes del Departamento Revista habían cobrado suplementos que no les correspondían. Tras la devolución de esos importes, la Armada decidió ampliar la revisión hacia períodos anteriores para determinar si se trataba de errores aislados o de una maniobra sistemática.
La auditoría encontró diferencias entre las liquidaciones de haberes, los recibos de sueldo y los archivos enviados al Banco de la Nación Argentina. Entre las irregularidades aparecieron pagos por conceptos que no figuraban en las liquidaciones, importes incluidos en los archivos bancarios que luego no aparecían en los recibos, duplicaciones y acreditaciones a personas cuyo vínculo con la institución no pudo ser establecido inicialmente.
Cómo funcionaba la maniobra
Según la denuncia, la presunta manipulación se producía en una etapa del circuito de pagos posterior a los controles habituales sobre la liquidación de haberes.
Los investigadores sostienen que, antes de la transmisión definitiva de los archivos al Banco Nación, determinados registros eran modificados para aumentar importes o incorporar pagos que no contaban con respaldo en los haberes originalmente liquidados.
El expediente señala además que, una vez confeccionados los archivos destinados al banco, los registros eran restituidos a sus valores originales. De esta manera, las modificaciones realizadas para generar los pagos adicionales no quedaban reflejadas en los recibos disponibles en el sistema Haberes-Web, mientras que el archivo enviado a la entidad bancaria ordenaba una acreditación diferente.
La revisión determinó que las irregularidades se extendieron desde julio de 2022 hasta enero de 2026. De acuerdo con la investigación administrativa, no se detectaron situaciones similares en el período inmediatamente anterior ni en los meses posteriores analizados. La reiteración de los pagos, la presencia recurrente de determinados beneficiarios y las modificaciones posteriores a los controles llevaron a los investigadores a descartar que se tratara solamente de errores de procesamiento.
Cuatro personas ajenas a la fuerza recibieron más de $434 millones
Entre las 23 personas identificadas aparecen militares en actividad y retirados, personal civil permanente y contratado, jubilados y cuatro personas sin relación laboral o funcional con la Armada.
Estas últimas concentraron $434.200.718,04, equivalente al 44,25% del monto total detectado. Una de las personas, de apellido Prieto, recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86. Otro de los acusados recibió 47 pagos por $99.496.225,47; una tercera persona, 46 acreditaciones por $91.978.048,38; y una cuarta mujer, 45 por $90.466.948,33. En conjunto, las cuatro personas recibieron 184 acreditaciones.
Prieto es esposa del capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien en ese período estaba al frente del Departamento Revista y aparece como uno de los principales señalados en la denuncia.
Durante la investigación administrativa, Atanasoff reconoció conocer las acreditaciones efectuadas a las cuatro personas ajenas a la fuerza y afirmó que los pagos eran cargados manualmente. Según consta en el expediente, también declaró que la finalidad era favorecer económicamente a esas personas y que él resolvía las operaciones, los beneficiarios y los montos. La Justicia deberá determinar el alcance de esas declaraciones y la eventual participación de otras personas.
También investigan otros pagos
El expediente incorporó otras situaciones que todavía están bajo análisis. Entre ellas figura el caso de un capitán de Corbeta Contador que habría recibido haberes en Argentina durante determinados períodos en los que, al mismo tiempo, cobraba por una misión en el exterior.
La investigación sostiene que esas acreditaciones debieron incorporarse por fuera del mecanismo automático, debido a que el sistema excluye del pago local al personal destinado fuera del país. También se detectaron pagos a quien sería la esposa de ese uniformado durante períodos en los que tenía licencia sin goce de haberes. Los involucrados dieron distintas versiones sobre el conocimiento, origen y utilización del dinero, cuestiones que ahora forman parte de la investigación judicial.
Cambios en el sistema de pagos y fondos devueltos
Tras la detección de las primeras irregularidades, la Armada modificó el circuito de acreditación de haberes. Desde marzo, el Departamento Tesorería pasó a encargarse de la tramitación de las acreditaciones ante el Banco Nación, mientras que Contabilidad quedó a cargo de una conciliación independiente de la cuenta utilizada para los pagos.
En abril de 2026, cuatro capitanes de Corbeta Contadores devolvieron importes cobrados en exceso correspondientes a los haberes de enero. El 11 de septiembre también realizaron reintegros otros acusados incluidos en la denuncia. Al momento de la presentación judicial, las restituciones alcanzaban $42.574.267,63, por lo que quedaban pendientes $938.574.300,25 del monto histórico de las acreditaciones indebidas.
En agosto, la revisión histórica permitió identificar a Prieto como beneficiaria y establecer su vínculo matrimonial con Atanasoff. A partir de ese dato, el oficial fue relevado preventivamente. Además, la fuerza preservó los equipos utilizados para preparar y transmitir los archivos bancarios y separó las funciones vinculadas con la liquidación, la acreditación y la conciliación de los pagos.
La denuncia fue radicada ante el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos. El expediente incorporó informes técnicos, documentación bancaria, planillas con las irregularidades, actas vinculadas con los equipos informáticos y declaraciones reunidas durante el sumario administrativo.
La investigación judicial deberá determinar ahora la dimensión definitiva de los desvíos, el destino de los fondos y la responsabilidad que pudiera corresponderle a cada uno de los involucrados. Por el momento, el expediente establece 645 acreditaciones indebidas, 23 beneficiarios identificados y casi $1.000 millones comprometidos durante más de tres años y medio.
