El Gobierno de Jujuy declaró la emergencia energética y tarifaria en todo el territorio provincial mediante un decreto firmado por el gobernador Carlos Sadir. La medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y busca garantizar la accesibilidad, el alcance y la continuidad de los servicios esenciales en un contexto económico complejo.
El decreto faculta a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Planificación, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, y a la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) a implementar las acciones necesarias para adecuar los mecanismos regulatorios y contractuales vinculados a la prestación de los servicios.
Uno de los principales ejes de la emergencia está dirigido a los usuarios residenciales de energía eléctrica de la categoría T1 (hasta 5 kW), quienes contarán con nuevas medidas de protección frente a situaciones de mora.
Entre las disposiciones se establece que el suministro no podrá ser interrumpido por falta de pago hasta que transcurran 20 días corridos desde el vencimiento de la segunda factura consecutiva impaga. Además, el medidor solo podrá ser retirado una vez cumplidos 60 días desde la fecha en que se efectuó el corte del servicio.
Durante la vigencia de la emergencia también queda suspendido el cobro de intereses punitorios sobre las facturas de energía eléctrica.
El Ejecutivo provincial ratificó la continuidad de los beneficios destinados a los sectores más vulnerables. En ese sentido, se mantendrá el subsidio del 50% previsto por la Ley de la Puna (Ley Nº 4.773), mientras que seguirá vigente la Tarifa Social creada por el Decreto Nº 8675-ISPTyV-2019, que contempla el subsidio del 100% del cargo fijo y del 25% del cargo por uso de red.
Asimismo, la Secretaría de Energía y la SUSEPU pondrán en marcha campañas de reempadronamiento para ampliar el acceso de los usuarios que reúnan las condiciones para incorporarse al beneficio.
Alcance para el servicio de agua potable
La emergencia también comprende al servicio de agua potable y saneamiento. Según lo dispuesto, se instrumentarán mecanismos para facilitar la refinanciación de deudas de los usuarios y se eliminará el cobro de intereses punitorios para quienes registren consumos mensuales de hasta 30 metros cúbicos y para los usuarios abastecidos mediante grifos comunitarios.
Rol de la SUSEPU
La Superintendencia de Servicios Públicos será el organismo encargado de controlar el cumplimiento de las nuevas medidas, supervisando que las empresas prestatarias respeten las disposiciones establecidas durante la vigencia de la emergencia.
Con esta decisión, el Gobierno provincial busca amortiguar el impacto del contexto económico sobre los hogares jujeños, preservar el acceso a los servicios públicos esenciales y fortalecer los mecanismos de protección para los usuarios más vulnerables.
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