Viernes 3 de julio de 2026

Política

Impondrían penas de prisión efectiva para los organizadores de piquetes

El Gobierno anunciará un conjunto de medidas legislativas en materia de seguridad, las cuales incluirán la imposición de penas de prisión para los responsables de organizar piquetes y bloqueos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ha adelantado que los detalles serán proporcionados por los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) en breve. También se anunciará una modificación en la Ley de Seguridad Interior.

Durante su conferencia de prensa habitual, el funcionario enumeró las leyes que serán modificadas o enviadas al Congreso para su aprobación: «Legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales, y sanciones para los organizadores de piquetes y bloqueos».

En relación con la seguridad, se buscará modificar el artículo 194 del Código Penal para ampliar las acciones tipificadas y establecer penas de uno a tres años y seis meses de prisión para quienes obstaculicen el funcionamiento normal de los servicios públicos o de transporte.

Se pretende crear una nueva figura penal para quienes lideren manifestaciones que afecten la circulación o transporte público, con penas de dos a cinco años de prisión. Esta condena se incrementaría a seis años en casos de intimidación o manipulación para la participación en la protesta.

Además, los organizadores serán responsables por los daños causados durante la protesta, y se impondrán multas por cortes de tráfico o la participación de menores sin acompañamiento.

El proyecto también requerirá notificación previa al Ministerio de Seguridad de cualquier manifestación, con detalles sobre su organización y participantes. Se establecerán sanciones para quienes incumplan estas disposiciones.

Por último, se modificará el delito de resistencia a la autoridad, aumentando las penas para aquellos que empleen intimidación o violencia contra funcionarios públicos.

Si el proyecto es aprobado y sigue el mismo curso que la Ley Ómnibus presentada previamente, las penas podrían aumentar aún más en casos de violencia armada o participación de grupos numerosos.

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