El Gobierno busca reunir los votos necesarios en el Congreso para avanzar con la reforma electoral. La propuesta permitiría a los mandatarios provinciales acompañar la candidatura presidencial de Javier Milei sin conformar alianzas formales. La oposición reclama conocer los detalles del nuevo sistema.
La suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) volvió a ubicarse en el centro de la agenda política del Gobierno nacional. Tras la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, la Casa Rosada aceleró las conversaciones con gobernadores y bloques aliados para conseguir los apoyos legislativos que permitan avanzar con la reforma electoral impulsada por el presidente Javier Milei.
La estrategia oficial contempla incorporar un mecanismo de listas colectoras dentro de la Boleta Única de Papel, una alternativa que permitiría a distintas fuerzas políticas compartir la candidatura presidencial de Milei sin necesidad de sellar alianzas electorales formales.
Una propuesta para sumar apoyos
De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, el nuevo esquema permitiría que gobernadores y partidos aliados mantengan su identidad política, sus listas legislativas y sus estructuras provinciales, mientras acompañan la postulación presidencial del mandatario.
En la práctica, los jefes provinciales podrían «colgar» sus candidatos locales de la boleta presidencial de Milei y aprovechar el arrastre de votos que genera la figura del Presidente, sin perder autonomía en sus respectivos distritos.
Desde el oficialismo insisten en que el sistema no constituye una reedición de las tradicionales colectoras ni de la Ley de Lemas, aunque reconocen que comparte parte de esa lógica electoral adaptada al nuevo formato de Boleta Única de Papel.
El objetivo político detrás de la reforma
La Casa Rosada sostiene que la suspensión de las PASO permitiría reducir el gasto público y simplificar el calendario electoral. Sin embargo, en la oposición consideran que la verdadera intención es modificar el escenario político de cara a las próximas elecciones.
La eliminación de las primarias dificultaría que los partidos opositores resuelvan sus disputas internas mediante el voto ciudadano. El caso más evidente es el del peronismo, que atraviesa fuertes diferencias entre los distintos sectores que responden a Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Sergio Massa y otros dirigentes del espacio.
Sin una instancia de primarias, las negociaciones para definir candidaturas podrían volverse más complejas y aumentar el riesgo de fragmentación electoral.
Acuerdos con gobernadores
Las conversaciones también incluyen otro punto de negociación: la posibilidad de que La Libertad Avanza presente candidatos de bajo perfil en provincias gobernadas por aliados, favoreciendo así las aspiraciones de reelección de esos mandatarios.
A cambio, los gobernadores aportarían respaldo político y electoral al proyecto nacional encabezado por Milei, manteniendo además representación propia en el Congreso.
Persisten las dudas en el Senado
Pese al avance de las conversaciones, varios senadores aseguran que todavía no existe un proyecto definitivo. Entre las principales incógnitas figuran cómo funcionará exactamente el sistema dentro de la Boleta Única de Papel, cuántas colectoras estarán permitidas y cuáles serán las condiciones para adherir a una candidatura presidencial.
«Por ahora nadie conoce un texto concreto. Se habla de una idea, pero no hay definiciones técnicas», señalaron desde sectores de la oposición.
El papel clave de la UCR
El respaldo de la Unión Cívica Radical aparece como uno de los factores decisivos para que la reforma prospere en el Senado, donde el oficialismo necesita alcanzar la mayoría absoluta de 37 votos.
Dentro del radicalismo, sin embargo, advierten que una eventual decisión de acompañar a Milei deberá ser discutida por la Convención Nacional del partido y no depender exclusivamente de los gobernadores.
En la Casa Rosada reconocen que las negociaciones continuarán durante las próximas semanas, aunque el inminente receso legislativo de invierno postergará cualquier definición. Si el oficialismo consigue reunir los consensos necesarios, el proyecto podría comenzar a debatirse en el Congreso durante agosto.
La suspensión de las PASO se perfila así como uno de los principales desafíos políticos del Gobierno para el segundo semestre, en una discusión que promete reconfigurar el escenario electoral de cara a los próximos comicios nacionales.
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